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RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES 2010 

PROGRAMA ELECTORAL DE STEs-INTERSINDICAL

Programa electoral en PDF

 0. Introducción

Hace seis meses, las respuestas gubernamentales a la crisis llegaron como un mazazo al sector público. Además de imponernos recortes salariales, de congelar pensiones y de cuestionar seriamente el sistema de pensiones, a finales de curso pasado se anunciaron recortes del gasto en educación que han condicionado seriamente el actual.

Aunque cada Comunidad Autónoma ha puesto la tijera donde ha querido, en general tenemos menos profesorado trabajando (lo que afecta a grupos de alumnado, sustituciones y programas de refuerzo), ratios más altas, menor oferta de empleo público...

Desde el campo político las soluciones de mayor predicamento internacional han sido
decepcionantes, cuando no directamente agresivas con los más débiles. Los abusos y
el descontrol no han sido corregidos ejemplarmente, como cabía esperar, por lo que la
avaricia de unos pocos la seguirán pagando las trabajadoras y trabajadores, bien con mayor precariedad en sus empleos, bien con el deterioro de los servicios públicos y las prestaciones sociales. Es justo reconocer que también se han alzado voces contrarias a estas políticas que siguen reclamando que los mayores costes corran a cargo de quienes tienen mayor responsabilidad en la generación de la situación actual.

La respuesta sindical a esta situación ha sido muy desigual. Mientras en Grecia o en Francia las centrales sindicales mayoritarias han levantado protestas masivas, en el Estado Español reaccionaron tarde y de manera claramente insuficiente. Sin embargo, lo que hoy está en juego es tanto la pérdida de conquistas sociales importantes como la laminación del movimiento sindical en su conjunto, lo que representaría un verdadero desastre para nuestra sociedad. Los sectores más ultraliberales, lejos de replegarse por el estrepitoso fracaso social de sus recetas, pretenden rematar su labor de zapa del llamado "estado del bienestar" añadiendo el desprestigio de los sindicatos con objeto de anular la respuesta popular a las medidas más agresivas.

Por ello, por encima de las diferencias que existen entre las diferentes opciones sindicales, hay que levantar la bandera de la unidad sindical para defender las conquistas sociales y una enseñanza pública de calidad. Los STEs, aun en condiciones difíciles, hemos dado muestras de estar comprometidos con esta idea.

En el campo educativo, las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza hemos sabido
contribuir a dar una respuesta sindical unitaria que, aunque no ha conseguido resultados palpables revirtiendo las medidas de los gobiernos, nos debe seguir fortaleciendo para levantar un muro de contención alrededor del servicio público educativo. Debemos evitar su deterioro tanto como el avance de su privatización.

Seguir invirtiendo en educación, bien a través de programas de cooperación territorial o con medidas de cierto calado reformista, como nos dice el Ministerio, no siempre tiene como horizonte mejorar la Escuela Pública. En el Estado español no existe una política clara, decidida y ambiciosa para mejorar y ampliar la enseñanza pública. La Conferencia Sectorial, que es donde se encuentran el Ministerio de Educación y las distintas Consejerías o Departamentos de Educación de las CC.AA. para decidir políticas conjuntas, languidece en el desencuentro y en la ineficacia. Como pudimos comprobar con el fracasado Pacto social y político por la Educación, la tibieza y las concesiones ministeriales ante los sectores conservadores no han servido de nada, antes bien, se mantiene o crece el apoyo a la privatización, mientras el recorte se ceba en la enseñanza pública.

Estamos convencidos de que ni el desánimo ni la claudicación nos llevarán a nada bueno.

Nuestros salarios mermados no han tenido como contrapartida la mejora del servicio
educativo, ni siquiera ha servido para mantener los puestos de trabajo. Así pues, hay que plantar cara, exigir respeto por la educación, por nuestro trabajo, por los acuerdos con los sindicatos, por la negociación y por derechos sociales conseguidos con el esfuerzo y sacrificio de muchas generaciones.

No nos resignamos. Es mucho lo que está en juego. Con este programa, pero, sobre todo, con nuestras acciones y propuestas de cada día, los STEs renovamos nuestro compromiso con las trabajadoras y los trabajadores, con la enseñanza pública, con la labor de enseñar y el reto de aprender en las mejores condiciones de calidad para todas y para todos.

1. Por la Escuela Pública

1.1. Dotación presupuestaria adecuada para el sistema educativo público: aumento de su financiación hasta un 7% del PIB. Negociación en cada comunidad autónoma de una red pública de centros para satisfacer la demanda en todas las etapas y enseñanzas. Constitución de la Mesa Sectorial de Educación.
1.2. Elaboración, en el marco de la Mesa Sectorial, de un plan de centros y equipamientos escolares, con el objetivo de establecer unos requisitos mínimos para todos los centros escolares del Estado sobre infraestructuras y dotaciones materiales.
1.3. Establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes (o del Profesorado) .Movilidad horizontal y vertical, hasta la universidad, por concurso de méritos.
1.4. Dotación suficiente de personal docente, no docente y personal de administración y servicios en los centros para adecuar las plantillas a las necesidades educativas actuales.
1.5. Prioridad de la planificación educativa sobre el pretendido "derecho de elección de
centro". Comisiones de Escolarización en todos los municipios y eliminación de las prácticas selectivas: no al criterio de renta. Equilibrio distributivo para el alumnado con necesidades educativas específicas
1.6. Paralización de la política de conciertos educativos con empresas privadas. Rescisión de los convenios actuales en tramos no obligatorios de escolarización. Eliminación de los conciertos a los centros que segregan al alumnado en función del sexo o de cualquier otra circunstancia.
1.7. Dotación a los centros del personal especializado necesario para el apoyo a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, para la compensación educativa y para la prevención y atención a la diversidad.
1.8. Apertura de centros fuera del horario lectivo con oferta pública gratuita de actividades extraescolares que se incorporarán a la Programación Anual del Centro y serán impartidas por personal específico con las adecuadas condiciones laborales y económicas. Se promoverán medidas para que las actividades extraescolares contribuyan a la superación de los estereotipos sexistas presentes en la sociedad.
1.9. No a una evaluación externa del sistema educativo subordinada a objetivos de
mercantilización. La evaluación debe ser una tarea permanente de los propios agentes
educativos y orientada a la detección y superación de las dificultades y problemas planteados, es decir, a la mejora y perfeccionamiento del sistema educativo público.
1.10. Por una enseñanza laica: eliminación de la enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa en el currículo escolar. Desaparición de todos los símbolos y actos religiosos.

2. Por una educación que respete y fomente la pluralidad lingüística y cultural del Estado

2.1 Fomento de la identidad cultural, mediante el conocimiento del entorno y la
interculturalidad, con un currículum adaptado a la lengua y cultura de cada Comunidad
Autónoma (propias del territorio).
2.2. Oferta de enseñanza de las lenguas cooficiales de las CC.AA. (del Estado) en todo el territorio del Estado.
2.3. El currículo del centro incorporará a su oferta los programas para atender la diversidad lingüística del alumnado. Implantación de planes de acogida (lingüística y cultural) en la lengua propia de cada territorio
2.4. Fomento de intercambios entre alumnado y profesorado de territorios con el castellano como lengua propia con alumnado y profesorado de territorios con otra lengua propia (cooficial).

3. Por una educación sostenible medioambientalmente

3.1. Fomento de la movilidad sostenible de alumnado y profesorado.
Inclusión de criterios de movilidad sostenible en los diferentes procesos de provisión de
plazas.
3.2. Fomento de la reducción, reutilización y reciclaje.
3.3. Instalación de sistemas de alta eficiencia energética y energías alternativas en los
centros educativos.

4. Por unos materiales didácticos libres

4.1. Eliminación progresiva del copyright en los materiales didácticos, incluso en los libros de texto.
4.2. Edición de materiales y libros de texto con licencias libres Creative Commons.
4.3. Promoción de las webs cooperativas y del software libre.

5. Por la mejora de la Escuela Rural

5.1.Tratamiento legislativo específico para el subsistema educativo rural, especialmente en los requisitos mínimos de los centros, su estructura organizativa y normativa de funcionamiento. Reglamentos orgánicos de centros adaptados a esta especificidad.
5.2.Obligatoriedad de que el mapa escolar rural contemple, en cada territorio, todas
las etapas y ofertas educativas-obligatorias y post-obligatorias- así como los diferentes
servicios -equipos psicopedagógicos y de Orientación, transporte y comedor, actividades extraescolares...-
5.3. Reconocimiento de la diversidad de modelos de escolarización en el medio rural (
escuelas unitarias, centros incompletos, CRAs, colegios comarcales, etc), a condición de garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos en dotaciones e infraestructuras y una plantilla orgánica estable y suficiente.
5.4. Negociación de acuerdos marco que establezcan plantillas-tipo, en las que se garantice, en Infantil y Primaria, la figura del tutor/a generalista por unidad y la dotación suficiente de especialistas, de atención a la diversidad y profesorado de apoyo. En Secundaria, creación y funcionamiento de los diferentes departamentos, incluido el de Orientación.
5.5. Ratios reducidas y agrupamientos flexibles que favorezcan el mantenimiento de unidades en el medio rural y compensen el agrupamiento de diversos niveles educativos en una sola aula.
5.6. Formación específica , inicial y permanente, para el profesorado del medio rural.
Creación y dinamización de grupos específicos de trabajo, innovación educativa e
investigación.
5.7. Oferta suficiente de ciclos formativos de FP y extensión de Enseñanzas de Régimen Especial al medio rural.
5.8. Negociación y redefinición de los puestos de difícil desempeño.
5.9. Introducción de programas informáticos específicos y adecuados a la complejidad de gestión de los centros incompletos y CRAs.
5.10. Reconocimiento horario al trabajo de coordinación.

6. Por la gestión democrática de los centros

6.1. Modificación de la LOE para posibilitar la gestión democrática de los centros educativos. No al modelo de gestión empresarial y competitivo recogido en la propuesta de Estatuto Docente.
6.2. Potenciación de claustros y consejos escolares, con todas las competencias sobre
gestión y gobierno de los centros. No a la conversión de estas instancias en meros órganos consultivos.
6.3. Elección democrática de todos los cargos directivos, incluidos los de los centros
integrados. No a las comisiones de selección.
6.4. Potenciación del trabajo en equipo del profesorado, y eliminación de la jerarquización actual en los cuerpos docentes.
6.5. Autonomía organizativa y pedagógica de los centros para determinar su modelo de
gestión y su jornada escolar.
6.6. Creación y potenciación de los Consejos Escolares Municipales y Territoriales. Elección democrática de los órganos rectores de todos los Consejos Escolares.
6.7. Corresponsabilidad en las tareas de coordinación y gestión de la organización de los centros de forma equilibrada y sin sesgos sexistas.
6.8. Desarrollo de una educación basada en los valores del pensamiento crítico, la
solidaridad, la igualdad de género y el respeto de la diversidad étnica, cultural y lingüística.
6.9. Desarrollo de programas de coeducación, educación emocional y sexual, educación medioambiental, educación para la paz y la democracia, como temas transversales en todas las áreas.

7. Por la estabilidad en el empleo

Personal funcionario
7.1. Conversión en plantilla orgánica de todas las vacantes existentes en los centros para su oferta en los concursos de traslados. Conocimiento previo de las vacantes existentes en centros educativos. Adjudicación de las primeras resultas.
7.2. Negociación en las mesas de Educación de los criterios para creaciones, supresiones o amortizaciones de plazas. Negociación anual con cada junta de personal de todas las creaciones, supresiones, amortizaciones y habilitaciones.
7.3. En el caso de supresión de puestos de trabajo, mantenimiento, con carácter voluntario, del destino en el mismo centro en labores de apoyo o para impartir las especialidades que se posean. Aprovechar estas situaciones para avanzar en la mejora del servicio educativo mediante la tipificación de nuevas necesidades, reducción de ratios, desdoblamientos, etc.
7.4. Concurso de traslados: convocatoria anual del concurso. Por años alternos: concurso estatal y concurso autonómico. Reconocimiento como mérito en concurso general de traslados de los conocimientos, superiores a los requisitos que fijan las comunidades autónomas, de las lenguas cooficiales .
7.5. Garantías de mantenimiento de los destinos definitivos alcanzados por el concurso de traslados. Respeto a los derechos adquiridos por el profesorado funcionario: no a la movilidad forzosa ni a la redistribución de efectivos.
7.6. Presentación de documentos para el baremo una vez superada la fase de oposición. Archivo informatizado de documentación para agilizar su tramitación.
7.7. Imposibilidad de aplazar el nombramiento como funcionaria de carrera de las mujeres por motivo del disfrute de bajas relacionadas con el embarazo durante el período de la fase de prácticas.
7.8. Suficiente número de plazas de Máster de Formación del Profesorado en
Universidades Públicas para los docentes.
7.9. Exención de la obligatoriedad de realizar el Máster de Formación del Profesorado a
los que hayan cursado estudios de Magisterio y a Psicopedagogía y Pedagogía, e incluir los contenidos del Máster en los itinerarios formativos de las nuevas titulaciones de Grado.

Personal interino
7.10. Estabilidad para todo el profesorado interino hasta su acceso definitivo a la condición de funcionario/a de carrera, reflejado en un acuerdo negociado con las organizaciones sindicales y ratificado por el colectivo afectado.
7.11. Elaboración de listas estables, en las que el mérito preferencial sea el tiempo de
servicios, desvinculadas de las convocatorias de oposiciones.
7.12. Acceso a la función pública docente por concurso de méritos. Derogación del modelo actual de acceso (Real Decreto 276/07).
7.13. Negociación de un nuevo sistema que contemple el acceso diferenciado para el
profesorado interino, sin pruebas eliminatorias, donde la experiencia docente tenga carácter primordial.
7.14. Convalidación de la fase de prácticas con un curso de experiencia docente.
7.15. Máximas garantías de objetividad en todo el proceso selectivo.
7.15. Reducción y modernización de los temarios de secundaria, enseñanzas artísticas, de idiomas y formación profesional hasta equipararlos a los del cuerpo de maestros.
7.17. Eliminación de cualquier tipo de discriminación entre el personal interino y el personal funcionario por maternidad, paternidad y reducción por cuidado de hijos e hijas.
7.18. Acceso en igualdad de condiciones a la formación institucional.
7.19. Equiparación de las condiciones laborales con el personal funcionario de carrera, según el principio de no discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada (Directiva Europea 1999/70/CE de 25 de junio, anexo cláusula 4ª).
7.20. Cobro de sexenios y del resto de complementos retributivos.
7.21. Equiparación de los permisos y licencias al personal funcionario de carrera.
7.22. El profesorado interino mayor de 55 años y con más de 5 años de servicio no estará obligado a presentarse al proceso de oposición para mantener su puesto en las listas de aspirantes a interinidades.
7.23. Contrato y alta en la SS de las mujeres interinas que estén de permiso por maternidad cuando les corresponda una vacante o sustitución, sin renunciar al permiso, así como el reconocimiento de todos los derechos administrativos. Igual tratamiento se dará al personal interino que disfrute de permiso paternal.
7.24. Derecho a permisos no retribuidos de carácter voluntario, sin pérdida del puesto de trabajo o del lugar de la lista de espera correspondiente, de al menos tres meses cada dos años.
7.25. Que no se puntúe en ningún baremo el tiempo trabajado como profesorado de religión.

8. Por la mejora de las condiciones de trabajo

8.1. Cuerpo Único de Profesorado.
8.2. Jornada laboral de 35 horas semanales, con 27 como máximo de permanencia en el centro. Reducción y equiparación de la jornada lectiva en todos los niveles educativos.
8.3. Implantación del año sabático y del permiso parcialmente retribuido. Establecimiento de un plan plurianual en cada comunidad autónoma para garantizar el acceso a todo el profesorado que lo solicite.
8.4. Cobertura de todas las vacantes desde el principio de curso mediante adjudicación
pública con garantías de transparencia, con requerimiento de especialidad y requisito
lingüístico para los territorios con lengua propia. Dotación suficiente para cubrir todas las sustituciones, independientemente de la duración, y el apoyo en todos los niveles y programas educativos.
8.5. Autonomía de los centros para determinar el modelo de jornada escolar con la
participación directa del claustro y consejo escolar, dando también a los centros de nueva creación la opción a elegir su modelo. Contratación de personal suficiente para que el alumnado que desarrolle actividades complementarias, bajo el control del consejo escolar del centro.
8.6. Acceso por concurso de méritos —no por concurso-oposición— entre los diferentes
cuerpos docentes, también los universitarios. Modificación de la LOE para permitir el acceso indefinido del profesorado del Cuerpo de maestros a los puestos de trabajo de primer ciclo de la ESO. Planes institucionales de formación que posibiliten el acceso de los actuales maestros y maestras a la licenciatura o grado equivalente.
8.7. Regulación pactada de las condiciones del profesorado que comparte centro. Negociación de la condiciones de trabajo del profesorado itinerante. Consideración de los accidentes in itinere como accidentes laborales.
8.8. Adscripción voluntaria a plazas catalogadas como itinerantes, compartidas, de
instituciones penitenciarias...
8.9. Reducción del horario lectivo a las personas mayores de 55 años hasta la edad legal de jubilación, sin merma de las retribuciones. Reducción de jornada por estudios, problemas de salud y embarazo.
8.10. Consolidación de la jubilación anticipada. Jubilación, con el 100% de las retribuciones, a los 30 años de servicio o a los 60 de edad. Posibilidad de la jubilación parcial a partir de los 60 años.
8.11. Modificación de la normativa que corresponda para que los jubilados de Clases Pasivas del Estado y los Funcionarios del Estado, al pasar a la situación de jubilados, estén exentos del pago de medicamentos como lo están los trabajadores pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social.
8.12. Modificar el sueldo regulador de pensiones para incrementar la cuantía de la pensión máxima y evitar la pérdida de poder adquisitivo (por ejemplo, en el caso de los docentes del grupo A1).
8.13. Aumento paulatino del módulo para calcular la pensión de jubilación del conjunto del personal al servicio de las administraciones públicas.
8.14. Posibilidad de acceder a excedencias de forma parcial.
8.15. Exención de la obligación de itinerar para las mujeres embarazadas.
8.15. Parque móvil para el profesorado itinerante y mientras no se consigue, concesión de créditos a coste cero para la adquisición de vehículos.
8.17. Actualización del coste del kilometraje según el aumento del coste real de la vida.
8.18. Aumento de la indemnización por accidente laboral de tráfico hasta el coste real de la reparación o sustitución del vehículo.

9. Por la mejora de las retribuciones

9.1. El derecho a la negociación colectiva es una reivindicación fundamental. El profesorado, como todo el personal del sector público, tiene que poder negociar sus retribuciones. Reivindicamos que la negociación de las condiciones laborales y retributivas sea realizada por de las diferentes Mesas sectoriales de Educación.
9.2. Negociación de un nuevo sistema retributivo que supere el actual, basado en la división salarial del profesorado. El nuevo sistema tiene que incluir los actuales complementos en el
salario base y el nivel 26 de complemento de destino para todo el profesorado.
9.3. Mientras se alcanza el Cuerpo Único del Profesorado, transitoriamente, nivel 24 para el Cuerpo de Maestros y nivel 26 para los Cuerpos de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial.
9.4. Promover un fondo social que contemple ayudas por estudios, adelantos de la nómina, etc., con devolución sin intereses.
9.5. Incremento lineal y progresivo del complemento específico general para todo el
profesorado.
9.6. Cobro de los complementos específicos por parte de las personas que sustituyen cargos unipersonales de baja y permisos."
9.7. Inclusión de las contribuciones de los planes de pensiones en la masa salarial.
9.10. Rechazo total a la propuesta de grados del proyecto de Estatuto de la Función Pública Docente. El actual sistema retributivo basado en sexenios debe desaparecer para incorporar su cuantía a la masa salarial y a un reparto homogéneo para todo el profesorado.
9.11. Sistema retributivo basado en criterios objetivos y no en las evaluaciones arbitrarias planteadas en el proyecto de Estatuto del Profesorado, que sólo beneficiarían al profesorado más afín al superior jerárquico. Desvinculación de las retribuciones de la evaluación de las tareas propias del profesorado. No al complemento de innovación educativa.
9.12. Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, en los que en nuestro sector se ha registrado una importante pérdida de capacidad adquisitiva y los salarios se han devaluado sensiblemente. Incrementos salariales iguales al IPC real, más un porcentaje para la recuperación del poder adquisitivo perdido.
9.13. Cláusula de revisión salarial anual automática, para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
9.14. Pagas extraordinarias completas, con el 100% de todos los complementos.

10. Por una formación para la mejora de la enseñanza

10.1. Con la titulación de grado como formación inicial para el ejercicio de la docencia en todos los tramos universitarios y contando con la experiencia obtenida por la confluencia, en un mismo centro, de maestros, maestras y profesorado de secundaria, podemos afirmar que un único cuerpo docente es lo que se aviene mejor con la realidad actual. Creación de un máster específico para los graduados de las escuelas de magisterio para que pueden acceder al cuerpo A1 de la administración sin necesariamente cambiar de destino.
10.2. Formación del profesorado que incluya los conocimientos teóricos y prácticos referentes desempeño de la función docente. De igual modo, el profesorado ha de conocer las características psicobiólogicas y sociales del alumnado de su nivel educativo y ha de saber aplicar técnicas de dinámica de grupos y resolución de conflictos. Las prácticas deben ser cotutorizadas por profesorado experto y la administración tiene el deber de prepararlo para el correcto ejercicio de esa función. Gratuidad del máster de acceso a la docencia.
10.3. La formación continua, un derecho y un deber del profesorado, es responsabilidad de las administraciones educativas. Para ello debe aumentarse la función pedagógica de los asesores y asesoras descargándoles de tareas burocráticas.
10.4. La planificación de la formación que deben ofertar las administraciones educativas se realizará con la participación de representantes del profesorado, las universidades públicas y los movimientos de renovación pedagógica —u otros colectivos similares— de reconocido prestigio.
10.5. Gestión Democrática de los Centros de Formación del Profesorado. Autonomía de
Gestión y concreción de sus planes territoriales con organismos similares a los Consejos Escolares y con la participación de las entidades educativas territoriales. Elección Democrática de sus equipos directivos.
10.6. La administración debe apostar por la formación pública, sin recurrir a la privatización ni a la externalización de los planes de formación. Por un modelo de formación pública y gratuita en centros que autogestione sus necesidades formativas.
10.7. La formación se desarrollará preferentemente en los centros de trabajo, en las
modalidades centradas en la potenciación de equipos de trabajo con incidencia directa en el aula: ciclos, departamentos y claustros.
10.8. En la formación continua se potenciarán todos aquellos aprendizajes necesarios para adaptarse a las exigencias surgidas de la LOE, así como a cualquier innovación pedagógica que mejore el sistema educativo. Formación para la diversidad, con la finalidad de conseguir una atención individualizada a los alumnos y alumnas.
10.9. Impulso y apoyo a la innovación, la experimentación y la investigación educativa del profesorado.
10.10. Reconocimiento y apoyo institucional a los grupos de docentes que planifiquen su autoformación y la reflexión conjunta sobre problemas pedagógicos. Apoyo institucional a los movimientos de renovación pedagógica.
10.11. Convocatoria anual de licencias por estudios y estancias en el extranjero, con el cobro íntegro de las retribuciones.
10.12. Nombramiento de personas responsables –debidamente cualificadas- de temas de Igualdad en los Centros de Formación del Profesorado, que planificarán y coordinarán la formación continua del profesorado en coeducación.

11. Por la compensación de desigualdades y la atención a la diversidad

11.1. Reivindicamos una escuela inclusiva, que responda a la diversidad de todo el alumnado, que respete y reconozca sus diferencias y sus singularidades, que ofrezca las oportunidades educativas y las ayudas necesarias —curriculares, personales y materiales— para el progreso académico y personal del alumnado. Todos los centros educativos deben ser de hecho centros de integración corresponsabilizándose según el porcentaje de alumnado de atención a la diversidad de la localidad, y han de reunir las condiciones arquitectónicas y físicas apropiadas.
11.2. Todos los centros educativos programarán medidas de atención a la diversidad. Los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas específicas (NEE) tendrán una reducción de ratio y en cada aula habrá un máximo de dos alumnos con NEE.
11.3. Refuerzo de la autonomía pedagógica del centro educativo. Impulso a la formación del profesorado y a las funciones del claustro y el consejo escolar para establecer y reforzar programas de atención a la diversidad centrados en su propio contexto, dando cabida y respuesta adecuada a las nuevas situaciones que se vayan presentando.
11.4. Elaboración de un Plan de actuación coordinado entre distintos servicios, instituciones sociales y sanitarias, ayuntamientos, ONG, asociaciones... que tenga en cuenta las características del alumnado en lo que respecta a la detección y atención de dificultades formativas, para conseguir una coordinación efectiva de recursos en la labor preventiva y compensadora de la escuela.
11.5. El currículo del centro incorporará a su oferta los programas para atender a la
diversidad lingüística del alumnado.
11.6. Los centros de Infantil y Primaria y de Secundaria dispondrán de un Departamento de Orientación completo, con profesorado suficiente para poder canalizar y adoptar las medidas que se precisen para atender a la diversidad. Mantendrán las estructuras de los Equipos de Orientación.
11.7. Desarrollo de adaptaciones curriculares individualizadas para el alumnado que lo
necesite con asesoramiento del orientador/a desde Infantil y durante toda la etapa de
Educación Obligatoria. Impulso al desarrollo de la optatividad en la ESO y a los programas específicos de Diversificación Curricular y los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
11.8. Implantación del servicio de comedor escolar en todos los centros educativos públicos que lo necesiten, con personal específico a cargo de la Administración. Adecuación del servicio de transporte escolar a unas condiciones de seguridad y calidad óptimas y adecuadas a las características y necesidades del alumnado —rampas y anclajes necesarios para sillas de ruedas, etc.—. Renovación de las flotas de autobuses y obligatoriedad de la instalación y uso de los cinturones de seguridad.
11.9. Reducción del horario lectivo para la acción tutorial, elemento clave de atención a la diversidad, y para las tareas de coordinación. Cada centro establecerá el número de horas en función de sus necesidades. La función tutorial es inherente a la tarea docente en todas las enseñanzas.
11.10. Los centros de Educación Especial ejercerán las funciones de apoyo y recursos
al servicio del resto de los centros educativos de su ámbito, lo que supone dotarlos
adecuadamente con profesorado, especialistas y recursos materiales. Estos centros no deben sustituir, en ningún caso, a los servicios que necesita la zona.

12. Por una convivencia sana en los centros educativos

12.1. Hay que reconocer la existencia de una violencia específicamente escolar que daña la convivencia en los centros educativos, huyendo del tremendismo y el alarmismo.
12.2. Rechazo a cualquier contenido y exaltación de violencia, física, verbal, gestual, sexual, sexista, racista, organizativa o psicológica que daña la convivencia sana en los contextos escolares.
12.3. Potenciar la convivencia, mediante planes integrales de formación y el fomento de la competencia social. Impulsar la educación de valores y los contenidos de la convivencia en positivo: la ayuda, la colaboración, la comprensión, la cooperación, el afecto, la solidaridad, el trabajo de la empatía, la escucha activa, las habilidades sociales, el diálogo y la resolución colaborativa de los conflictos en los contextos escolares.
12.4. Exigencia a las Administraciones Públicas de la prevención y abordaje de los problemas de convivencia en su raíz social, comprometiéndose en la lucha efectiva por la reducción de las desigualdades sociales a través de políticas compensadoras.
12.5. Inserción e integración plena de la prevención de los conflictos y de la violencia en las dinámicas escolares; elaboración de "planes preventivos integrales" y de "planes específicos" para problemas concretos, con la participación real de todos los sectores de la comunidad educativa, coordinados de forma efectiva, por los Observatorios de la Convivencia de cada Comunidad.
12.6. Incremento de los recursos para afrontar los nuevos retos de la convivencia tras un análisis de la situación en cada centro, especialmente en aquellos centros de atención preferente. Consideramos imprescindible la reducción de las ratios y del número de grupos por profesor/a, así como que las plantillas de los centros públicos se aumenten y se de cabida habitual a la actuación integrada de otros profesionales distintos a los docentes (trabajadores/as sociales, mediadoras/es, colaboradores/as, sanitarios, auxiliares educativos,…).
12.7. Desarrollo pleno de sistemas de vigilancia de la salud psicosocial, universalizando a todo el Profesorado su cobertura, con adaptación de los reconocimientos a las especificidades de las situaciones de convivencia y a los diferentes perfiles de centros y de puestos de trabajo.
12.8. Exigencia de protocolos de actuación frente a los medios de comunicación y estudio del impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la convivencia escolar.
12.9. Extensión de los valores participativos y la corresponsabilidad en la gestión de la
convivencia a toda la Comunidad Educativa y más, fomentando el trabajo comunitario, con otras instancias y figuras como los educadores y los servicios sociales, ayuntamientos, organizaciones sociales, voluntariado, comerciantes y ciudadanía.
12.10. Compromiso total con los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, impulsando la valoración social de nuestro trabajo, ampliando y mejorando la asistencia jurídica y el apoyo institucional por parte de la Administración.

13. Por la mejora de la Educación Infantil

13.1.Consideración de la Educación Infantil 0-6 años como etapa educativa y por lo tanto dentro de las competencias de la consejería de educación correspondiente a cada territorio.
13.2.Creación y ampliación de la red de colegios públicos de Educación Infantil para cubrir la demanda en el ciclo 0-6. Integración en la red pública de cada comunidad autónoma de las escuelas infantiles municipales y las de otras consejerías.
13.3.Adecuación el centro a las características y necesidades del alumnado -patios, aseos, aulas, etc- y eliminación de todas las barreras arquitectónicas.
13.4.Ratios máximas en el segundo ciclo de educación infantil: 3 años, 15; cuatro años, 15; cinco años, 15; aulas mixtas, máximo 12. En cada aula con alumnado de NEE, reducción de las ratios en 3/2 alumnos/as con estas necesidades.
13.5.Dotación suplementaria de un maestro o maestra especialista en Infantil por cada 3 unidades o fracción y asignación de técnicos/as superiores en Educación Infantil a todos los centros a cargo de la administración educativa.
13.6.Impulso de las medidas necesarias – organizativas, de formación inicial y permanente del profesorado- para posibilitar que el alumnado se aproxime a las nuevas necesidades educativas, como las tecnologías de la información y la comunicación.
13.7.Atención al alumnado con NEE por personal especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y otros profesionales en cada centro.
13.8.Plan de acogida, lingüístico y cultural, integrador para el alumnado inmigrante que
desconozca la lengua propia de la comunidad autónoma.
13.9.Formación específica y continua para el profesorado de la etapa dentro del horario
lectivo. Desarrollo de la formación de centro de acuerdo a las necesidades específicas de los mismos y sustitución del profesorado que asista a esa formación.
13.10.Incorporación de auxiliares técnicos educativos y personal de administración y servicios en todos los centros públicos a cargo de la administración educativa. Presencia del personal de limpieza en horario lectivo.

14. Por la mejora de la Educación Primaria

14. 1.Red de centros públicos suficientes para atender la demanda de escolarización de esta etapa educativa.
14.2. Adecuación de los centros públicos a las necesidades educativas: patios-ajustados a las normas de seguridad europeas-, gimnasios, materiales didácticos e integración de los medios informáticos y audiovisuales en las aulas.
14.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas
14.4.Creación y dotación de aulas específicas para las diferentes especialidades: lenguas extranjeras, música...
14.5.Tutor o tutora generalista ( especialista en primaria) por unidad escolar.
14.6. Dotación de profesorado especialista en Educación Musical, Educación Física, Lenguas Extranjeras, PT y AL en todos los centros. Profesorado de apoyo a las tareas educativas en los centros que cuenten con alumnado con NEE. Incremento en la plantilla del profesorado de apoyo para el desarrollo de planes y programas de refuerzo educativo.
14.7. Creación del Departamento de Orientación Escolar en cada centro. Inclusión en su plantilla de educadores/as sociales.
14.8.Contar con agentes de igualdad en cada centro.
14.9. Inclusión en horario lectivo de las tareas de acción tutorial con el alumnado.
14.10. Reducción progresiva de la ratio hasta un máximo de 15 alumnos/as por aula, para favorecer la calidad educativa. Reducción hasta un máximo de 15 en aulas con alumnado con NEE y/o de compensación, con un máximo de dos por aula; 15, como máximo, en aulas con alumnado de distinto ciclo.
14.11.Personal de Administración y Servicios en todos los centros públicos incluidos en la RTP de los mismos.
14.12.Plan de acogida, lingüístico y cultural para el alumnado que desconozca la lengua propia de la comunidad .
14.13. Plan de coordinación para todos los centros entre las diversas etapas (EI, EP, ESO)

15. Por la mejora de la Formación de Personas Adultas

15.1.Plantilla estable de profesorado de Formación de Personas Adultas.
15.2. Garantía de una adecuada formación inicial, específica y continua del profesorado
15.3.Aumento de la oferta actual en la modalidad presencial de las enseñanzas de FPA:
alfabetización; Formación básica que de respuesta a la creciente demanda para la obtención del título de Graduado en ESO; aumento y mejora de las enseñanzas semipresenciales y a distancia (ESO y Bachillerato); Formación básica previa para cursar Ciclos Formativos; Cursos Experimentales; Cursos de Formación Ocupacional; Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años; Formación continua de cambio de cualificación o reciclaje profesional; formación Lenguas Extranjeras y Tecnologías de la Información y la Comunicación; Formación para el desarrollo de la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica, Enseñanzas de las lenguas oficiales de los territorios con lengua propia diferente al castellano.
15.4. Aumento de centros y transformación del mayor número posible de aulas en centros de Formación de Personas Adultas (FPA). Construcción de nuevos centros de acuerdo con la necesidad de esa demanda.
15.5. Dotación de espacios adecuados y mejora de las infraestructuras y de los equipamientos, así como de los materiales correspondientes.
15.6. Facilitación y reconocimiento, dentro del horario laboral, de las tareas de diseño y
elaboración de materiales didácticos.
15.7.Reconocimiento por parte de las administraciones de la especificidad de la FPA y
establecimiento de reglamentos orgánicos propios.
15.8. Diseño y planes específicos dirigidos a mujeres adultas.
15.9.Ampliación y diversificación de la oferta pública de FP , ESPA y ESPAD para personas adultas en modalidad presencial .
15.10.Potenciación de los estudios de FP y Bachillerato en régimen nocturno.
15.11.Dotación pública de PAS en todos los centros de FPA.
15.12. Currículos propios adaptados a las características de los centros de FPA.
15.13. La ratio de ESPA será inferior a la de los centros ordinarios.

16. Por la mejora de la Enseñanza Secundaria

16.1.Configuración y potenciación de una red pública de centros que garantice el derecho a la educación del alumnado, independientemente de las circunstancias geográficas y sociales y sin merma de la oferta educativa ni de las condiciones laborales del profesorado.
16.2.Garantía en todas las localidades o zonas de una oferta educativa lo más amplia posible que garantice la mayor igualdad en todos los centros.
16.3. La Tecnología, las materias y áreas que impliquen desdobles, talleres y laboratorios no sobrepasarán los 16 alumnos/as por aula. No a las ratios mínimas para grupos de desdobles, laboratorios... Aumento de la oferta de asignaturas optativas y eliminación del requisito de 16 alumnos/as para impartirlas.
16.4. Propuesta de plantillas:
- Creación de la primera plaza de la especialidad a partir de las ocho horas lectivas. Para aumentar la plantilla se precisará un excedente horario mínimo de 12 horas y máximo de 16.
- No al desplazamiento de profesorado por falta de horario. Reubicación voluntaria del
profesorado para otras funciones.
- No a la impartición obligatoria de asignaturas afines.
- Creación de los departamentos didácticos correspondientes a cada una de las materias contempladas en los correspondientes decretos de especialidades.
16.5.Nueva distribución horaria, que recoja todas las tareas y funciones que demanda el sistema educativo. En plantillas orgánicas, además de las horas curriculares, se calcularán también las dedicadas a tutorías, equipos educativos, formación, atención a las familias, coordinación de curso, nivel y ciclo y todas aquellas con especial incidencia en la acción directa en el aula. Con un mínimo de 12 y un máximo de 15 horas semanales. No a las horas extraordinarias. Equiparación horaria de la Tutoría a las Jefaturas de Departamento. Generalización de tres horas para las tutorías con la consideración de lectivas.
16.6.Plan de acogida lingüístico , cultural e integrador para el alumnado inmigrante que
desconozca la lengua propia de la comunidad.
16.7.Formación del profesorado específica en atención a la diversidad y en los recursos
educativos para la resolución de conflictos.
16.8.Creación de centros públicos de música y danza.
16.9.Oferta obligatoria de las lenguas cooficiales del estado en todos los centros educativos de secundaria.

17. Por la mejora de la Enseñanza Secundaria Obligatoria

17.1. La calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad justifican la reducción de las ratios hasta situarlas en un máximo de 20 en toda la ESO; un máximo de 15 en aulas que acojan alumnado con NEE.
17.2. La Orientación y Tutoría son pilares básicos de la ESO y para su desarrollo es necesario aumentar la dotación de los departamentos de Orientación en todos los centros con un/una profesor/a de Psicopedagogía por cada 350 alumnos/as o fracción, con un profesor/a de PT y otro/a de AL, un/a educador/a social, un/a profesor/a de compensatoria.
17.3.Creación de la nueva especialidad, en los cuerpos docentes, de Educación Social,
destinada en el Departamento de Orientación.
17.4.Generalización, potenciación, diversificación e integración de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial como una vía que permita a una parte del alumnado adquirir una formación integral, una capacitación profesional inicial y a su vez posibilidades reales de obtener el título de la ESO.
17.5.Creación del número de programas de diversificación necesarios para atender a cada centro.

18. Por la mejora de la Formación Profesional

18.1. Derogación de la Ley orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la formación
profesional. Regulación de los convenios con empresas para la FCT exigiendo que éstas sean socialmente responsables.
18.2. El centro educativo debe ser el eje de toda la FP. Desarrollo de una FP inicial, reglada y continua de calidad que favorezca su dimensión profesionalizadora.
18.3. Todos los recursos públicos han de ir destinados a la FP de los centros públicos. No a los conciertos. Potenciación de la FP reglada, al servicio del desarrollo personal del alumnado. No a una formación escasa o insuficiente, dirigida a formar personas que realicen el trabajo precario
18.4. Gestión pública de las actividades formativas de FP. Control público exclusivo sobre los títulos y certificados profesionales.
18.5. Modificación de las normas que regulan la composición de los Consejos de la Formación Profesional para dar cabida a los sindicatos docentes.
18.6. Gestión democrática de los centros integrados de FP. Modificación de las normas
que regulan la composición de los consejos sociales de los centros para dar cabida a los sindicatos docentes. Elección de los cargos directivos por el consejo social del centro.
18.7. Cursos de formación ocupacional y de formación continua incluidos en la programación anual del centro; el horario correspondiente a estos cursos debe integrarse en la plantilla del centro y se deben crear los puestos de trabajo necesarios, sin horas extra para nadie.
18.8. Ampliación de las plantillas de profesorado de FP que facilite la continua formación y adaptación a los distintos ciclos.
18.9. Ratio máxima de 20 alumnos/as por aula. Desdoblamiento de los módulos prácticos.
18.10. Dotar los centros públicos de las familias profesionales completas: Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.
18.11. Dotación de horas lectivas suficientes para las tutorías de formación en centros de trabajo, pago de dietas y kilometraje.
18.12. Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación laboral orientada hacia una cultura sindical solidaria y participativa en el mundo del trabajo.
18.13 Oferta de enseñanzas dirigidas a la preparación de pruebas de acceso a ciclos
formativos.
18.14 Diseño y puesta en práctica de medidas que potencien la elección no sexista por parte del alumnado de las distintas familias profesionales.

19. Por la mejora del Bachillerato

19.1. Consolidación y potenciación de las relaciones entre el profesorado de las universidades y del bachillerato.
19.2. Oferta obligatoria pública de todas las modalidades de bachillerato que permita
la igualdad de acceso a toda la población. Incremento presupuestario para atender sus
características propias.
19.3. Eliminación de todos los conciertos educativos en este tramo postobligatorio.
19.4. Reducción de ratios a 25 por aula. Autonomía de los centros con apoyo de la
administración para el fomento de los desdobles con el objetivo de una educación de mayor calidad.
19.5. Para conseguir el derecho a la igualdad educativa se hace necesario el establecimiento de un plan de ayudas mediante becas.
19.6. Potenciación de los estudios de Bachillerato en régimen nocturno.

20. Por la mejora de las Enseñanzas Artísticas

20.1. Negociación y actualización de las órdenes de organización y funcionamiento de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza y de las Escuelas de Artes.
20.2. Estabilidad en el empleo hasta el acceso definitivo a la función pública para el
profesorado.
20.3. Aumento de plantilla en todas las especialidades.
20.4. Ampliación de la red pública de Conservatorios Elementales y profesionales de Música y Danza y creación de Conservatorios Superiores de Música.
20.5. Adecuación de los horarios del profesorado para propiciar la participación en actividades artísticas, así como para fomentar su participación en proyectos de investigación pedagógica, artística y creativa.
20.6. Creación de ciclos formativos de grado medio y superior en las especialidades técnicas de arte dramático (caracterización, luminotecnia, escenografía, atrezzo,…).
20.7. Adecuación y mejora de la dotación de edificios, infraestructuras y recursos para estas enseñanzas.
20.8 Reconocimiento de titulaciones (licenciaturas, etc.) que se reconocen en el concurso de traslados de secundaria y EOI y, en cambio, no se reconocen en el concurso de traslados del cuerpo de música y artes escénicas.
20.9. Posibilitar que el profesorado de Régimen Especial pueda matricularse, en su propio centro, de especialidades diferentes a las que ellos imparten.
20.10 Regulación y oferta pública de las enseñanzas elementales de música y danza en todos los territorios.
20.11. Creación de centros públicos integrados de música y de centros públicos integrados de danza.
20.12. Ampliación de la red de centros públicos de enseñanzas de régimen especial para garantizar el acceso democrático y generalizado a estas enseñanzas.
20.13. Dignificación de las enseñanzas artísticas de régimen especial. Incremento
presupuestario para dar atención a sus características propias. Más presencia de estas
enseñanzas en la educación básica.
20.14. Dotación de departamento de orientación en todos los conservatorios.

21. Por la mejora de las enseñanzas de idiomas

21.1. Negociación y actualización de las órdenes de organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
21.2. Estabilidad en el empleo hasta el acceso definitivo a la función pública para el profesorado.
21.3. Aumento de plantilla en todas las especialidades.
21.4. Mayor oferta del número de idiomas en todas las Escuelas, con especial atención a las recogidas en la LOE. Oferta obligatoria de todas las lenguas propias del Estado español.
21.5. Adecuación y mejora de la dotación de edificios, infraestructuras y recursos para estas enseñanzas.
21.6. Posibilitar que el profesorado de Régimen Especial pueda matricularse, en su propio centro, de especialidades diferentes a las que ellos imparten.
21.7 Regulación e impartición en las EOI de los niveles C1 y C2 del Marco Común de Referencia Europeo (MCRE).
21.8. Ampliación de la oferta de las EOI que atienda toda la demanda con especial atención a la zona rural.
21.9. La ratio en las Escuelas Oficiales de Idiomas no debe superar los 25 alumnos.
21.10. Pruebas unificadas de certificación de Idiomas elaboradas por profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas, con su correspondiente formación y reducción horaria lectiva.

22. Por la mejora de las enseñanzas deportivas

22.1. Impulso a la implantación de las enseñanzas públicas deportivas de grado medio y superior en todas las comunidades autónomas, con profesorado titulado.
22.2. Mejora de las instalaciones para el desarrollo de las enseñanzas deportivas.

23. Por la igualdad de mujeres y hombres

23.1. Aplicación inmediata en los centros docentes de las medidas contempladas en la Ley contra la Violencia de Género.
23.2. Corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de administración y
organización de los centros docentes y de la administración de una forma equilibrada,
fomentando los equipos que sean representativos de la presencia de las mujeres en la
educación.
23.3. Formación inicial y permanente del profesorado sobre Igualdad de Género y
Coeducación, en todos los estudios universitarios. En Magisterio y Psicopedagogía, se
impartirá como asignatura troncal.
23.4. Inclusión en el currículo escolar y en los planes de Acción Tutorial de la Educación para la Igualdad, la Educación Afectivo-Sexual y prevención y resolución pacífica de los conflictos, así como la creación de la figura de responsables de igualdad en cada centro, con reducción horaria y con la formación adecuada.
23.5. Integración en el currículo de la contribución de las mujeres a la ciencia, la cultura y el desarrollo social. Inclusión de protocolos de buenos tratos en los proyectos educativos de centro.
23.6. Realizar, por parte de la administración, campañas de sensibilización dirigida a los propios agentes educativos de la administración para que entiendan que la coeducación es fundamental para desarrollar todas las capacidades humanas. Creación, en todas las consejerías de Educación, de asesorías de Coeducación, de observatorios para el análisis y evaluación de la discriminación y el sexismo en los centros docentes, así como de un mapa de recursos coeducativos.
23.7. Establecimiento de las medidas legales necesarias para que no exista discriminación en jubilación y pensiones por reducciones horarias y excedencias relacionadas con los cuidados de menores y personas mayores.
23.8. Ampliación del permiso maternal por nacimiento o adopción a un período de 24
semanas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Permiso paternal igual al maternal. Intransferibilidad entre ambos permisos.
23.9Permisos de maternidad o paternidad acumulables para las familias mono parentales o para aquellas en la que una de las personas fallezca. Posibilidad de unir la acumulación de lactancia a una excedencia o a un permiso por asuntos propios.
23.10. Los períodos vacacionales y no lectivos del calendario escolar no computarán como permiso de maternidad / paternidad. Acumulación real de los días de lactancia.
23.11. Incluir en el calendario escolar como fechas a conmemorar el 25 de Noviembre y el 8 de Marzo.

24. Por la cultura preventiva y la Seguridad y Salud en el trabajo

24.1. Cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/95) para una protección eficaz en Seguridad y Salud Laboral. La prevención ha de integrarse en la gestión, las actividades y los niveles, así como en la toma de decisiones en los centros educativos y en la Administración. En los Centros escolares, la normativa referente a la prevención de riesgos debe cubrir también el alumnado.

24.2. Desarrollo integral de Planes de Prevención, con participación de los trabajadores y las trabajadoras y de sus representantes en las diferentes fases y desarrollos: implantación, aplicación, evaluación de riesgos, planificación, organización preventiva y acceso a la documentación.
24.3 Constitución y funcionamiento normalizado de los comités de Seguridad y Salud Laboral, órganos democráticos de participación y gestión a través de los delegados y delegadas de Prevención, así como de Mesas o Comisiones de Seguridad y Salud Laboral. Incorporación a los centros de la figura del coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales, que ha de poder reservar una parte de su horario laboral para el cumplimiento de estas tareas.
24.4. Creación por las administraciones autonómicas de Servicios de Prevención propios y cancelación de los contratos privados vigentes en la actualidad. Control de su dimensión, de su funcionamiento y eficacia.
24.5. Evaluación de Riesgos y Planes de Prevención en los centros educativos, sobre todo en riesgos muy graves e inminentes. Inclusión de asesoramiento técnico en todos los Planes de Autoprotección y de Emergencia.
24.6. Medidas para la adaptación de los puestos de trabajo para los trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza que han sufrido daños en su salud por grave riesgo profesional —exposición a agentes biológicos, nódulos de las cuerdas vocales, síndrome del quemado, enfermedades músculo-esqueléticas, estrés, mobbing, etc.— o que lo necesiten por sus características personales, discapacidad física, psíquica o sensorial. Planes para las situaciones de riesgo en colectivos específicos: profesorado interino, mujeres, itinerantes…
24.7. Las administraciones educativas ofertarán cursos de formación sobre salud laboral
dirigidos a las coordinadores y coordinadores de riesgos laborales de cada centro y al conjunto del profesorado. La formación sobre salud laboral tiene que incluir la perspectiva de género.
24.8. Reconocimiento de todas las enfermedades profesionales. Cambios legislativos —la Ley de la Seguridad Social y la lista de enfermedades es de 1978— y reconocimiento del concepto de "daño para la salud". Puesta en marcha inmediata de los protocolos de solicitud y gestión. Exámenes de salud y estudios epidemiológicos que relacionen enfermedades profesionales y condiciones de trabajo. Realizar la vigilancia de la salud adaptando los exámenes médicos al puesto de trabajo.
24.9. Los riesgos psicosociales deben formar parte de todas las evaluaciones de riesgos laborales. Dada la complejidad de tratamiento de los acosos, y establecimiento en las Administraciones de un equipo de expertos técnicos con la participación sindical que garantice transparencia en el proceso y alta cualificación en diagnóstico.
24.10. Asistencia jurídica en caso de acoso de padres y madres.
24.11. Proporcionar de forma continua al profesorado que lo necesite ayuda de apoyo psicológico.
24.12. Estudio y evaluación por parte de las administraciones y de las empresas de los riesgos emergentes y de constatación a largo plazo: campos electromagnéticos, ruido, ambiente contaminante, productos químicos, desechos residuales…
24.13. Establecimiento por parte de la administración de un protocolo de actuación ante el acoso moral y psicológico.
24.14. Puesta en marcha de un protocolo de prevención de agresiones, que analice, valore y adopte medidas para eliminar todo tipo de manifestaciones de violencia hacia el profesorado.
24.15. Clarificación del concepto de responsabilidad civil del ejercicio de la docencia.
24.15. Protocolo de actuación en caso de urgencias médicas, y dotación de personal sanitario en aquellos centros que lo precisen por las características del alumnado.
24.17. Creación de un centro de asesoramiento técnico on-line y telefónico para los
coordinadores de prevención de riesgos laborales en los centros.
24.18. Protocolo de inclemencias meteorológicas.

25. Por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

25.1. Ampliación de las medidas de conciliación entre vida personal y laboral.
25.2. Ampliación del permiso maternal a un período de 25 semanas, con el 100% de sueldo tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Adoptar medidas de discriminación positiva para que la madre ceda a partir de las seis primeras semanas el resto del descanso.
25.3. Permiso de paternidad de seis semanas acumulable, en caso de defunción del padre o de familia monoparental, por parte de la madre.
25.4. Mejora de los permisos que posibilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
25.5. Aplicación inmediata de los derechos reconocidos en la Ley integral contra la Violencia de Género.
25.6. Aplicación en los centros de trabajo del desarrollo de la Ley integral contra la Violencia de Género.
25.9. Fomentar la práctica natural, lógica, responsable e igualitaria por parte de cada
individuo con respecto a las tareas en el ámbito de la vida familiar.
25.10. Evaluaciones periódicas de impacto de género, para verificar la incidencia de las
medidas sobre la conciliación en hombres y mujeres.
25.11. Ampliación de la reducción horario por lactancia hasta los 25 meses de vida del bebé. En caso de acumularlo al permiso maternal, aumentar el número de días proporcionalmente.
25.12. Establecimiento de comisiones de servicio por conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
25.13. Reducción de la jornada laboral por cuidado de familiares a cargo en 1/3 o en ½ con una reducción de haberes del 20% para el primer caso y de 35% para el segundo.
25.14. Consideración preferente al cuidado de las personas sin autonomía personal, con prioridad para la elección de horarios al profesorado con personas dependientes a su cargo. Promoción de las reducciones de jornada por cuidado de hijo/a menor o familiares a cargo con retribución de un 60% en la reducción de 1/2, y del 80% con reducción de 1/3.
25.15. Licencias por Asuntos Propios más flexibles y ajustadas a las necesidades reales del profesorado. No a un número mínimo de días para poder acceder a su disfrute.
25.15. Facilitar que la formación continua sea compatible con las responsabilidades
familiares. Oferta de atención durante la realización de cursos Formación dentro del horario de trabajo; metodologías flexibles; inclusión dentro de los planes de formación continua a los trabajadores y trabajadoras que disfruten de permisos o excedencias por razones familiares.

26. Por el Sindicalismo asambleario y alternativo

26.1. La participación del profesorado es imprescindible para el fortalecimiento de la Escuela Pública y la mejora de las condiciones de trabajo. Por eso, los STEs propugnan y practican el sindicalismo asambleario. Las asambleas son la expresión de nuestro modelo sindical, alternativo al de otras organizaciones burocratizadas.
26.2. Los STEs reivindicamos el ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva
por parte de quienes representan al profesorado en todos los temas que afectan a sus
condiciones de trabajo y a sus retribuciones.
26.3. Los STEs, identificados con el modelo sindical asambleario y participativo, facilitan toda la información de que disponen. Así, el profesorado conoce los temas en curso de negociación y puede formarse un juicio propio acerca de ellos.
26.4. Con anterioridad a la aceptación o el rechazo de las propuestas de las administraciones, los STEs tienen el compromiso de convocar cuantas asambleas y consultas sean necesarias para que los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza decidan sobre todas las cuestiones que les afecten, en los distintos ámbitos de negociación.
26.5. Proponemos modificar la Ley de Órganos de Representación, para que el voto del
profesorado tenga idéntica representatividad que la establecida en otros sectores de las administraciones públicas.
26.6. Exigimos la elección de delegados y delegadas en cada centro educativo.
26.7. Pedimos la modificación de la Ley de Órganos de Representación, para establecer unas competencias reales de las Mesas Sectoriales y las Juntas de Personal.
26.8. Propugnamos un reparto equitativo y justo del patrimonio sindical acumulado entre todos los sindicatos, ya que este patrimonio procede de cuotas obligatorias de todos los trabajadores y las trabajadoras.
26.9. No a los Decretos de servicios mínimos. Propugnamos la autorregulación del ejercicio del derecho a la huelga.
26.10. Por la paridad en las listas electorales y en la representación efectiva del profesorado.

27. STEs-Intersindical, la alternativa sindical sociopolítica

27.1. Luchamos contra la globalización, uno de los mayores y más devastadores procesos de desrregulación laboral, social y ambiental que se han conocido, que impone recortes severos en los gastos sociales, reduce los derechos laborales, expolia a los países pobres, privatiza y mercantiliza, en beneficio de los grandes grupos económicos.
27.2. Nos oponemos a las reformas laborales que suponen retrocesos de los derechos
sociales y mayores beneficios para las empresas; que abaratan el despido, incrementan la precariedad y privatizan las pensiones.
27.3. Rechazamos todas las guerras y el militarismo, porque no benefician a los pueblos y fomentan valores y prácticas totalitarias. También rechazamos el recorte de libertades civiles y la restricción de los mecanismos de participación democrática que supone la imposición de una ideología falsamente basada en la seguridad.
27.4. Consideramos que la paz es un valor esencial para la convivencia social y para la
resolución de conflictos en todos los niveles. La violencia no se ejerce sólo en las guerras, sino que también existe en el seno de unas estructuras sociales injustas. Por ello, STESIntersindcial está comprometido con la difusión de la Educación para la Paz y con las alternativas de defensa popular no-violenta y a favor un mundo más justo.
27.5. Valoramos el medio ambiente como la casa de todo ser vivo. Nos comprometemos con la conservación de la naturaleza y somos crítico con el actual sistema político-económico, máximo responsable de su degradación y del expolio de los limitados recursos del Planeta.
27.6. Consideramos que el laicismo es la base de la convivencia ciudadana y democrática, en tanto que promueve la libertad de cada individuo para creer en cualquier religión o ideología y no genera barreras a la libertad de conciencia, el debate y la crítica libre.
27.7. Exigimos que el Estado y el conjunto de las administraciones destinen el 0'7% del PIB para la ayuda al desarrollo. Nos oponemos al derroche en gastos de protocolo y fastuosidad en cumbres, foros, reuniones, armamento, etc., un dinero que debe destinarse a la consecución de un mundo más solidario.
27.8. Defendemos la abolición de la deuda externa de los países en desarrollo. Existe una situación de abuso e insolidaridad de los países del Norte hacia los del Sur —articulada desde unas estructuras financieras y unas normas injustas— que hacen que países con grandes dificultades económicas se vean inmersos en una terrible espiral de endeudamiento económico, sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, sanidad y educación.
27.9. Nos oponemos a que los niños y las niñas abandonen la escuela y sean obligados a trabajar o a ir a la guerra. En las últimas décadas la infancia se ha convertido en una de las mayores víctimas de las injusticias de la globalización, por hambre, enfermedades, explotación sexual, mano de obra barata y objetivo de los ataques bélicos.
27.10. Defendemos la igualdad de toda la ciudadanía ante el Estado. La capacidad de
autogobierno debe ser igual para todas las comunidades autónomas. Apoyamos las reformas de los Estatutos de Autonomía para superar las discriminaciones existentes.