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PROGRAMA
ELECTORAL BÁSICO
DE LA CONFEDERACIÓN DE STES-INTERSINDICAL
Este Programa se adaptará en STE a su ámbito
territorial
1. COMPARTIMOS
DECISIONES
En la negociación y en la movilización
compartimos decisiones.
Con este mensaje hemos estado haciendo propuestas de
acción sindical para insistir en la necesidad de una
fuerza sindical que haga compatible la gestión y
oferta de los servicios sindicales necesarios para
los trabajadores y trabajadoras, con el respeto a la
capacidad democrática de decidir por ellos mismos en
todo lo que les atañe.
STEs-intersindical es una fuerza sindical
alternativa, tanto por sus propuestas de acción
sindical, como por la incorporación de nuevos
colectivos. No somos la única fuerza sindical pero,
a diferencia de otras, seguimos empeñados, como hace
30 años, en defender un sindicalismo democrático y
sin tutelas de burocracias sindicales que decidan
por su cuenta.
STEs-intersindical viene desarrollando una
intensa actividad frente al avance del mercantilismo
y las propuestas privatizadoras que afectan a los
servicios públicos de acuerdo con la nefasta
Directiva Bolskestein de la Comunidad Europea en la
que la educación, la sanidad, las comunicaciones y
los transportes son objetivos estratégicos a
controlar por el poder económico. Lo hemos hecho en
relación con la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado denunciando la renuncia a
recuperar poder adquisitivo o la privatización de
las pensiones; con la negociación de los derechos
laborales con relación a la negociación del Estatuto
Básico del Empleado Público sin la participación del
personal afectado; o con relación a la privatización
de la sanidad o a la LOE, la LOU o el Estatuto
Docente… Pero también en la lucha contra la reforma
laboral y la precariedad en el trabajo, por
compatibilizar convivencia democrática y trabajo
saludable, por conciliar vida laboral y personal,
contra la siniestralidad laboral… y por hacer
realidad una democracia sindical, en la cual la voz
de las trabajadoras y los trabajadores no sea
marginada por su opción sindical.
Pero avanzar cuesta por las continuas
dificultades que se imponen desde la administración
en connivencia con algunos sindicatos. En 1985 el
gobierno socialista, acordó con CCOO, UGT y CSIF un
marco sindical “a medida” que dificultara al resto
de fuerzas sindicales la capacidad de actuar. Con el
paso de los años ese exclusivismo se ha mostrado
insuficiente y, a pesar de las facilidades, han
venido perdiendo audiencia de manera constante. Pero
se han acostumbrado a tener la mayoría y no están
dispuestos a perderla. Por ello han acordado, con
otro gobierno socialista una nueva modificación
legislativa para dificultar la acción sindical del
resto de fuerzas sindicales. Y cuando en las mesas
constituidas participan otros sindicatos, por su
representatividad, buscan subterfugios para
continuar disfrutando de la exclusividad, y de los
beneficios que comporta, que no le han dado los
procesos electorales. La invención del llamado “Foro
de Diálogo Social”, al margen de las mesas de
negociación, ha sido el último recurso para mantener
la negociación colectiva en un coto de uso
particular.
Contigo, mejor
En las próximas elecciones sindicales vamos a
reclamar el reconocimiento del compromiso individual
y colectivo en el mantenimiento y defensa de lo que
es nuestro, los servicios públicos, que en justa
reciprocidad debe ir acompañado del reconocimiento
de derechos como trabajadores y trabajadoras con la
adecuada revalorización social de nuestro trabajo.
1.1 Compartir significa también que no cabe
establecer diferencias entre el sindicato y los
trabajadores y trabajadoras. Somos parte de una
misma realidad. No estamos solos, ni para
reivindicar derechos individuales, ni para que se
reconozca nuestro trabajo, ni para defender los
servicios públicos. Para todo ello es mejor actuar
colectivamente. Y para eso está el sindicato, un
instrumento al servicio de trabajadores y
trabajadoras. Juntos podemos construir un espacio
sindical común para avanzar hacia un sindicalismo
más fuerte y alternativo, dónde materializar la
autoorganización y la toma soberana de decisiones
sobre todo aquello que nos afecta como parte de la
clase trabajadora.
STEs-Intersindical continúa construyendo como
organización un espacio que sirve para participar
conjuntamente en las luchas. Porque, tanto si
negociamos como si nos movilizamos,
STEs-Intersindical es un espacio dónde los
trabajadores y las trabajadoras compartimos
decisiones. Contigo, mejor.
20 EJES REIVINDICATIVOS Y 200
PROPUESTAS PARA FORTALECER
LA ESCUELA PÚBLICA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
TRABAJO
DEL PROFESORADO
Reivindicaciones generales para la Enseñanza
Pública.
Los STES-i nos hemos caracterizado siempre por la
defensa de una escuela pública de calidad y hemos
denunciado que la Ley de Educación (LOE) supone el
mayor ataque que ha sufrido nunca el concepto de
escuela pública. La LOE responde a las políticas
privatizadoras que tratan de implantarse en todo el
mundo siguiendo los dictados de organismos
internacionales no democráticos.
Los STES consideramos muy grave que esta ley
refleje que la educación, un derecho fundamental de
las personas y no un servicio sujeto a las reglas
del mercado, es un servicio público que “puede ser
prestado por los poderes públicos y por la
iniciativa social, como garantía de los derechos
fundamentales de los ciudadanos", ya que esa llamada
“iniciativa social” es la empresa privada, concebida
para el lucro, el adoctrinamiento o ambas cosas.
No se aprovechó la tramitación de la LOE para
mejorar las condiciones de trabajo del profesorado.
Las propuestas de STES para avanzar en esta mejora
fueron rechazadas, escudado el Gobierno en el apoyo
que decía tener de las organizaciones sindicales que
firmaron con el Ministerio de Educación un acuerdo
hace ahora un año.
Y ahora quieren imponernos el Estatuto del
Profesorado. Desean hacerlo tras estas elecciones
sindicales, cuando les sea más sencillo contar con
la complicidad de otras organizaciones sindicales.
Los STES calificamos el actual proyecto de Estatuto
de “inquietante, regresivo y jerarquizador”, y lo
rechazamos globalmente, ya que mientras que, en
teoría, ha de reflejar nuestros derechos y deberes,
en realidad pone todo el profesorado bajo sospecha
al señalar que se le retribuirá en función del
cumplimiento de sus obligaciones como docente.
Además, el Estatuto pretende introducir métodos
empresariales en la gestión del profesorado de la
enseñanza pública, con procedimientos impropios de
lo que es y debe seguir siendo el trabajo docente.
Todo ello puede suponer un empeoramiento grave de
las actuales condiciones laborales de las
trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. La
negociación del Estatuto del Profesorado se
reanudará tras las elecciones, con la representación
sindical surgida de ellas.
Rebelarse para avanzar es la tarea colectiva que
tenemos por delante. Porque ante la falta de respeto
y el menosprecio hacia nuestro trabajo por parte de
las administraciones educativas, ante el peligro
cierto de retroceso en las condiciones laborales del
profesorado, no cabe otra respuesta que rebelarse.
Habrá que rebelarse hasta conseguir que las
administraciones tomen medidas para fortalecer la
escuela pública.
Los STES, que mantenemos desde siempre la
coherencia en la defensa de la escuela pública y del
profesorado, nos comprometemos a defender todas las
reivindicaciones expuestas en el presente programa.
En los STES, además, tu voz siempre cuenta.
Compartimos decisiones. Contigo, mejor.
1. Por la Escuela Pública
1.1. Dotación presupuestaria adecuada para el
sistema educativo público: aumento de su
financiación hasta un 7% del PIB. Negociación en
cada comunidad autónoma de una red pública de
centros para satisfacer la demanda en todas las
etapas y enseñanzas.
1.2. Elaboración, en el marco de la Mesa Sectorial,
de un plan de centros y equipamientos escolares, con
el objetivo de establecer unos requisitos mínimos
para todos los centros escolares del Estado sobre
infraestructuras y dotaciones materiales.
1.3. Establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes
(o del Profesorado), con la titulación de Grado,
equivalente a la actual licenciatura, para todos sus
componentes. Movilidad horizontal y vertical, hasta
la universidad, por concurso de méritos.
1.4. Dotación suficiente de personal docente, no
docente y personal de administración y servicios en
los centros para adecuar las plantillas a las
necesidades educativas actuales.
1.5. Prioridad de la planificación educativa sobre
el pretendido “derecho de elección de centro”.
Comisiones de Escolarización en todos los municipios
y eliminación de las prácticas selectivas: no al
criterio de renta. Equilibrio distributivo para el
alumnado con necesidades educativas específicas
1.6. Paralización de la política de conciertos
educativos con empresas privadas. Rescisión de los
convenios actuales en tramos no obligatorios de
escolarización. Eliminación de los conciertos a los
centros que segregan al alumnado en función del
sexo.
1.7. Dotación a los centros del personal
especializado necesario para el apoyo a la
integración del alumnado con necesidades educativas
especiales, para la compensación educativa y para la
prevención y atención a la diversidad.
1.8. Apertura de centros fuera del horario lectivo
con oferta pública gratuita de actividades
extraescolares que se incorporarán a la Programación
Anual del Centro y serán impartidas por personal
específico con las adecuadas condiciones laborales.
1.9. No a una evaluación externa del sistema
educativo subordinada a objetivos de
mercantilización. La evaluación debe ser una tarea
permanente de los propios agentes educativos y
orientada a la detección y superación de las
dificultades y problemas planteados, es decir, a la
mejora y perfeccionamiento del sistema educativo
público.
1.10. Por una enseñanza laica: eliminación de la
enseñanza confesional de cualquier doctrina
religiosa en el currículo escolar. Desaparición de
todos los símbolos y actos religiosos.
2. Por la gestión democrática de
los centros
2.1. Modificación de la LOE para posibilitar la
gestión democrática de los centros educativos. No al
modelo de gestión empresarial y competitivo recogido
en la propuesta de Estatuto Docente.
2.2. Potenciación de claustros y consejos escolares,
con todas las competencias sobre gestión y gobierno
de los centros. No a la conversión de estas
instancias en meros órganos consultivos.
2.3. Elección democrática de todos los cargos
directivos, incluidos los de los centros integrados.
No a las comisiones de selección.
2.4. Potenciación del trabajo en equipo del
profesorado, y eliminación de la jerarquización
actual en los cuerpos docentes.
2.5. Autonomía organizativa y pedagógica de los
centros para determinar su modelo de gestión y su
jornada escolar.
2.6. Creación y potenciación de los Consejos
Escolares Municipales y Territoriales. Elección
democrática de los órganos rectores de todos los
Consejos Escolares.
2.7. Corresponsabilidad en las tareas de
coordinación y gestión de la organización de los
centros de forma equilibrada y sin sesgos sexistas.
2.8. Desarrollo de una educación basada en los
valores del pensamiento crítico, la solidaridad, la
igualdad de género y el respeto de la diversidad
étnica, cultural y lingüística.
2.9. Fomento de la identidad cultural, mediante el
conocimiento del entorno y desde la
interculturalidad.
2.10. Desarrollo de programas de coeducación,
educación emocional y sexual, educación
medioambiental, educación para la paz y la
democracia..., como temas trasversales en todas las
áreas.
3. Por la estabilidad en el
empleo
Personal interino
3.1 Estabilidad para todo el profesorado interino
hasta su acceso definitivo a la condición de
funcionario/a de carrera, reflejado en un acuerdo
negociado con las organizaciones sindicales y
ratificado por el colectivo afectado.
3.2 Elaboración de listas, en el que el mérito
preferencial sea el tiempo de servicios,
desvinculadas de las convocatorias de oposiciones.
3.3 Acceso a la función pública docente por concurso
de méritos. Derogación del modelo actual de acceso
(Real Decreto 334/04).
3.4 Negociación de un nuevo sistema que contemple el
acceso diferenciado para el profesorado interino,
sin pruebas eliminatorias, donde la experiencia
docente tenga carácter primordial. Convalidación de
la fase de prácticas con un curso de experiencia
docente. Máximas garantías de objetividad en todo el
proceso selectivo.
3.5 Equiparación de las condiciones laborales con el
personal funcionario de carrera:
3.5.1 Cobro de trienios y del resto de complementos
retributivos.
3.5.2 Eliminación de cualquier tipo de
discriminación entre el personal interino y el
personal funcionario por maternidad y reducción por
cuidado de hijos e hijas.
3.5.3 Acceso en igualdad de condiciones a la
formación institucional.
Personal funcionario
3.6. Conversión en plantilla orgánica de todas
las vacantes existentes en los centros para su
oferta en los concursos de traslados. Conocimiento
previo de las vacantes existentes en centros
educativos. Adjudicación de las primeras resultas.
3.7. Negociación en las mesas de Educación de los
criterios para creaciones, supresiones o
amortizaciones de plazas. Negociación anual con cada
junta de personal de todas las creaciones,
supresiones, amortizaciones y habilitaciones.
3.8. En el caso de supresión de puestos de trabajo,
mantenimiento, con carácter voluntario, del destino
en el mismo centro en labores de apoyo o para
impartir las especialidades que se posean.
Aprovechar estas situaciones para avanzar en la
mejora del servicio educativo mediante la
tipificación de nuevas necesidades, reducción de
ratios, desdoblamientos, etc.
3.9. Concurso de traslados: convocatoria anual del
concurso. Por años alternos: concurso estatal y
concurso autonómico.
3.10. Garantías de mantenimiento de los destinos
definitivos alcanzados por el concurso de traslados.
Respeto a los derechos adquiridos por el profesorado
funcionario: no a la movilidad forzosa ni a la
redistribución de efectivos (contemplados en el
proyecto de Estatuto del Profesorado). No a la
adjudicación forzosa de destinos.
4. Por la mejora de las
condiciones de trabajo
4.1. Licenciatura o Grado equivalente para
acceder a la docencia en todos los niveles
educativos. Cuerpo Único de Enseñantes (o del
Profesorado).
4.2. Jornada laboral de 35 horas semanales, con 28
como máximo de permanencia en el centro. Reducción
de la jornada lectiva en todos los niveles
educativos.
4.3. Implantación del año sabático. Establecimiento
de un plan plurianual en cada comunidad autónoma
para garantizar el acceso a todo el profesorado que
lo solicite.
4.4. Cobertura de todas las vacantes desde el
principio de curso mediante adjudicación pública
presencial, con requerimiento de especialidad y
modalidad lingüística. Dotación suficiente para
cubrir todas las sustituciones y el apoyo en todos
los niveles y programas educativos.
4.5. Autonomía de los centros para determinar el
modelo de jornada escolar. Establecimiento de la
jornada continuada para el profesorado. Contratación
de personal suficiente para que el alumnado
desarrolle actividades complementarias, bajo el
control del consejo escolar del centro.
4.6. Acceso por concurso de méritos —no por
concurso-oposición— entre los diferentes cuerpos
docentes, también los universitarios. Acceso
indefinido del profesorado del Cuerpo de maestros a
los puestos de trabajo de primer ciclo de la ESO.
Planes institucionales de formación que posibiliten
el acceso de los actuales maestros y maestras a la
licenciatura o grado equivalente.
4.7. Regulación pactada de las condiciones del
profesorado que comparte centro. Negociación de la
condiciones de trabajo del profesorado itinerante.
Aumento de dietas por kilometraje. Créditos a coste
cero para la adquisición de vehículos. Consideración
de los accidentes in itinere como accidentes
laborales.
4.8. Adscripción voluntaria a plazas catalogadas
como itinerantes, compartidas, de instituciones
penitenciarias...
4.9. Reducción del horario lectivo a las personas
mayores de 55 años, sin merma las retribuciones.
Reducción de jornada por estudios, problemas de
salud y embarazo.
4.10. Mantenimiento de la jubilación anticipada.
Jubilación, con el 100% de las retribuciones, a los
30 años de servicio o a los 60 de edad.
5. Por la mejora de las
retribuciones
5.1. El derecho a la negociación colectiva es una
reivindicación fundamental. El profesorado, como
todo el personal del sector público, tiene que poder
negociar sus retribuciones. Reivindicamos que la
negociación de las condiciones laborales y
retributivas sea competencia de las diferentes Mesas
sectoriales de Educación.
5.2. Negociación de un nuevo sistema retributivo que
supere el actual, basado en la división salarial del
profesorado. El nuevo sistema tiene que incluir los
actuales complementos en el salario base y el nivel
26 de complemento de destino para todo el
profesorado.
5.3. Mientras se alcanza el Cuerpo Único del
Profesorado, transitoriamente, nivel 24 para el
Cuerpo de Maestros y nivel 26 para los Cuerpos de
Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial.
5.4. Incremente progresivo del complemento
específico general para todo el profesorado, como
medida de apoyo. Aumento lineal inicial de 70 euros,
e incremento progresivo hasta alcanzar los 250 al
finalizar la implantación de la LOE.
5.5. Rechazo total a la propuesta de grados del
proyecto de Estatuto de la Función Pública Docente.
El actual sistema retributivo basado en sexenios
debe desaparecer para incorporar su cuantía a la
masa salarial y a un reparto homogéneo para todo el
profesorado.
5.6. Sistema retributivo basado en criterios
objetivos y no en las evaluaciones arbitrarias
planteadas en el proyecto de Estatuto del
Profesorado, que sólo beneficiarían al profesorado
más afín al superior jerárquico. Desvinculación de
las retribuciones de la evaluación de las tareas
propias del profesorado. No al complemento de
innovación educativa.
5.7. Recuperación del poder adquisitivo perdido en
los últimos años, en los que en nuestro sector se ha
registrado una importante pérdida de capacidad
adquisitiva y los salarios se han devaluado
sensiblemente. Incrementos salariales iguales al IPC
real, con un porcentaje para la recuperación del
poder adquisitivo.
5.8. Cláusula de revisión salarial automática.
5.9. Pagas extraordinarias completas, con el 100% de
todos los complementos.
5.10. Desaparición de los contratos a tiempo parcial
y las horas extraordinarias para transformarse en
nuevos puestos de trabajo y jornadas a tiempo
completo.
6. Por una formación para la
mejora de la enseñanza
6.1. Formación inicial de Licenciatura o Grado
equivalente. Exigencia de este nivel académico para
acceder a todas las etapas educativas, para avanzar
hacia el Cuerpo Único de Enseñantes (o del
Profesorado). Gratuidad de las etapas de formación
inicial.
6.2. Formación del profesorado que incluya los
conocimientos teóricos y prácticos referentes al
área curricular o áreas curriculares
correspondientes a su especialidad o
subespecialidad. De igual modo, el profesorado ha de
conocer las características psicobiólogicas y
sociales del alumnado de su nivel educativo y ha de
saber aplicar técnicas de dinámica de grupos y
resolución de conflictos.
6.3. La formación continua, un derecho y un deber
del profesorado, es responsabilidad de las
administraciones educativas.
6.4. La planificación de la formación que deben
ofertar las administraciones educativas se realizará
con la participación de representantes del
profesorado, las universidades públicas y los
movimientos de renovación pedagógica —u otros
colectivos similares— de reconocido prestigio.
6.5. La formación continua se realizará en horario
lectivo. No a la privatización de la formación.
6.6. La formación se desarrollará preferentemente en
los centros de trabajo, en las modalidades centradas
en la potenciación de equipos de trabajo con
incidencia directa en el aula: ciclos, departamentos
y claustros.
6.7. En la formación continua se potenciará el
aprendizaje de estrategias de comunicación,
dinámicas de grupo y resolución de conflictos.
6.8. Impulso y apoyo a la innovación, la
experimentación y la investigación educativa del
profesorado.
6.9. Reconocimiento y apoyo institucional a los
grupos de docentes que planifiquen su autoformación
y la reflexión conjunta sobre problemas pedagógicos.
Apoyo institucional a los movimientos de renovación
pedagógica.
6.10. Ampliación generalizada del número de
licencias por estudios, con el cobro íntegro de las
retribuciones.
7. Por la compensación de
desigualdades y la atención a la diversidad
7.1. Reivindicamos una escuela inclusiva, que
responda a la diversidad de todo el alumnado, que
respete y reconozca sus diferencias y sus
singularidades, que ofrezca las oportunidades
educativas y las ayudas necesarias —curriculares,
personales y materiales— para el progreso académico
y personal del alumnado. Todos los centros
educativos deben ser de hecho centros de integración
y han de reunir las condiciones arquitectónicas y
físicas apropiadas.
7.2. Todos los centros educativos programarán
medidas de atención a la diversidad. Los centros que
escolaricen alumnado con necesidades educativas
específicas (NEE) tendrán una reducción de ratio y
en cada aula habrá un máximo de dos alumnos con NEE.
7.3. Refuerzo de la autonomía pedagógica del centro
educativo. Impulso a las funciones del claustro y el
consejo escolar para establecer y reforzar programas
de atención a la diversidad centrados en su propio
contexto.
7.4. Elaboración de un Plan de actuación coordinado
entre distintos servicios, instituciones sociales y
sanitarias, ayuntamientos, ONG, asociaciones... para
conseguir una coordinación efectiva de recursos en
la labor preventiva y compensadora de la escuela.
7.5. El currículo del centro incorporará a su oferta
los programas para atender a la diversidad
lingüística del alumnado. Se desarrollarán programas
de educación para la convivencia —en horario
lectivo— y se dotará a los centros del profesorado
necesario, que contará con la formación adecuada.
7.6. Los centros de Infantil y Primaria dispondrán
de un departamento de Orientación completo, y
mantendrán las estructuras de los equipos de
Orientación. Los centros de Secundaria contarán con
un departamento de Orientación completo, con
profesorado suficiente para poder canalizar y
adoptar las medidas que se precisen para atender a
la diversidad.
7.7. Desarrollo de adaptaciones curriculares
individualizadas para el alumnado que lo necesite,
desde Primaria y durante toda la etapa de Educación
Obligatoria. Impulso al desarrollo de la optatividad
en la ESO y a los programas específicos de
Diversificación Curricular.
7.8. Implantación del servicio de comedor escolar en
todos los centros educativos públicos, con personal
específico a cargo de la Administración. Adecuación
del servicio de transporte escolar a unas
condiciones de seguridad y calidad óptimas y
adecuadas a las características y necesidades del
alumnado —rampas y anclajes necesarios para sillas
de ruedas…—. Renovación de las flotas de autobuses y
obligatoriedad de la instalación y uso de los
cinturones de seguridad.
7.9. Reducción del horario lectivo para la acción
tutorial, elemento clave de atención a la
diversidad, y para las tareas de coordinación. Cada
centro establecerá el número de horas en función de
sus necesidades. La función tutorial es inherente a
la tarea docente.
7.10. Los centros de Educación Especial serán
centros de apoyo y recursos al servicio de los
centros de su ámbito, lo que supone dotarlos
adecuadamente con recursos personales y materiales.
Estos centros no deben sustituir en ningún caso a
los servicios que necesita la zona.
8. Por una convivencia sana en
los centros educativos
8.1 Hay que reconocer la existencia de una
violencia específicamente escolar que daña la
convivencia en los centros educativos, huyendo del
tremendismo y el alarmismo.
8.2 Rechazo a cualquier contenido de violencia,
física, verbal, gestual, sexual, racista,
organizativa o psicológica que daña la convivencia
sana en los contextos escolares.
8.3 Potenciar la convivencia, mediante planes
integrales de formación y el fomento de la
competencia social. Impulsar la educación de valores
y los contenidos de la convivencia en positivo: la
ayuda, la colaboración, la compasión, la
cooperación, el consuelo, la solidaridad, el trabajo
de la empatía, la escucha activa, las habilidades
sociales, el diálogo y la resolución colaborativa de
los conflictos en los contextos escolares.
8.4 Exigencia a las Administraciones Públicas de la
prevención y abordaje de los problemas de
convivencia en su raíz social, comprometiéndose en
la lucha efectiva por la reducción de las
desigualdades sociales a través de políticas
compensadoras.
8.5 Inserción e integración plena de la prevención
de los conflictos y de la violencia en las dinámicas
escolares; elaboración de “planes preventivos
integrales” y de “planes específicos” para problemas
concretos, con la participación real de todos los
sectores de la Comunidad Educativa.
8.6 Incremento de los recursos para afrontar los
nuevos retos de la convivencia. Consideramos
imprescindible:
-la reducción de las ratios y del número de grupos
por profesor/a.
-que las plantillas de los centros públicos se
aumenten y se de cabida habitual a la actuación
integrada de otros profesionales distintos a los
docentes (trabajadores/as sociales, mediadoras/es,
colaboradores/as, sanitarios, auxiliares
educativos,…)
8.7 Desarrollo pleno de sistemas de vigilancia de la
salud psicosocial, universalizando a todo el
Profesorado su cobertura, con adaptación de los
reconocimientos a las especificidades de las
situaciones de convivencia y a los diferentes
perfiles de centros y de puestos de trabajo.
8.8 Exigencia de protocolos de actuación frente a
los medios de comunicación y estudio del impacto de
las nuevas tecnologías en la convivencia escolar.
8.9 Extensión de los valores participativos y la
corresponsabilidad en la gestión de la convivencia a
toda la Comunidad Educativa y más, fomentando el
trabajo comunitario, con otras instancias y figuras
como los educadores y los servicios sociales,
ayuntamientos, organizaciones sociales,
voluntariado, policía de proximidad, comerciantes y
ciudadanía.
8.10 Compromiso total con los trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza, impulsando la
valoración social de nuestro trabajo, ampliando y
mejorando la asistencia jurídica y el apoyo
institucional por parte de la Administración.
9. Mejorar la Educación Infantil
9.1. Consideración de la Educación Infantil como
etapa educativa.
9.2. Creación y ampliación de la red de colegios
públicos de Educación Infantil para cubrir la
demanda en el ciclo 0-3 años. Integración en la red
pública de cada comunidad autónoma de las escuelas
infantiles municipales y las de otras consejerías.
9.3. Adecuación del centro a las características y
necesidades del alumnado —patios, aseos, aulas...— y
eliminación de todas las barreras arquitectónicas.
9.4. Ratios (cantidad de alumnado máximo) en el
segundo ciclo de educación Infantil: 3 años, 15;
cuatro años, 15, cinco años, 15; aulas mixtas, 12.
En cada aula con alumnado de NEE, reducción de las
ratios en tres alumnos por cada uno con estas
necesidades.
9.5. Dotación suplementaria de un maestro o maestra
especialista en Infantil por cada tres unidades o
fracción. Asignación de técnicos/as superiores en
Educación Infantil a todos los centros.
9.6. Impulso de las medidas necesarias
—organizativas, de formación inicial y permanente
del profesorado— para posibilitar que el alumnado se
aproxime a las nuevas necesidades educativas, como
las nuevas tecnologías, aprendizaje de idiomas...
9.7. Atención al alumnado con NEE por personal
especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y
Audición y Lenguaje (AL).
9.8. Plan de acogida integrador para el alumnado
inmigrante que desconozca el idioma, o los idiomas,
en las comunidades con dos lenguas oficiales.
9.9. Formación específica y continua para el
profesorado de la etapa dentro del horario lectivo.
9.10. Personal educativo complementario: auxiliares
técnicos educativos y personal de administración y
servicios en todos los centros públicos. Presencia
del personal de limpieza en horario lectivo.
10. Por la mejora de la Educación
Primaria
10.1. Red de centros públicos suficiente para
atender la demanda de escolarización de esta etapa
educativa.
10.2. Adecuación de los centros públicos a las
necesidades educativas: patios —ajustados a las
normas de seguridad europeas—, gimnasios, materiales
didácticos e integración de los medios informáticos
y audiovisuales en las aulas.
10.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas.
Creación y dotación de aulas específicas para las
diferentes especialidades: idiomas, música...
10.4. Tutor o tutora generalista por unidad escolar.
10.5. Dotación de profesorado especialista en
Educación Musical y en Idiomas en todos los centros.
Especialistas de PT y AL en todos los centros.
Profesorado de apoyo a las tareas educativas en
centros que escolaricen a alumnado con NEE.
10.6. Creación del Departamento de Orientación
escolar en cada centro. Inclusión en su plantilla de
educadoras/es sociales.
10.7. Inclusión, en horario lectivo, de las tareas
de acción tutorial con el alumnado.
10.8. Ratios: Tendencia hacia un máximo de 15
alumnos/as por aula, para favorecer la calidad
educativa. Reducción hasta un máximo de 15 en aulas
con alumnado con NEE y/o de compensación, con un
máximo de dos por aula; 15, como máximo, en aulas
con alumnado de distinto ciclo.
10.9. Plan de acogida integrador para el alumnado
inmigrante que desconozca el idioma, o los idiomas,
en las comunidades con dos lenguas oficiales.
10.10. Personal de Administración y Servicios en
todos los centros públicos.
11. Por la mejora de la Enseñanza
Secundaria
11.1 Configuración y potenciación de una red
pública de centros que garantice el derecho a la
educación del alumnado, independientemente de las
circunstancias geográficas y sociales y sin merma de
la oferta educativa ni de las condiciones laborales
del profesorado.
11.2 Garantía en todas las localidades o zonas de
una oferta educativa lo más amplia posible que
garantice la mayor igualdad en todos los centros.
Generalización de las Enseñanzas de Régimen
Nocturno. Ampliación de la oferta de Bachilleratos
Artísticos.
11.3 La calidad de la enseñanza y la atención a la
diversidad justifican la reducción de las ratios
hasta situarlas en un máximo de 20 en toda la ESO y
25 en Bachillerato; un máximo de 15 en las aulas que
acojan alumnado con dificultades especiales.
11.4 La Tecnología y las materias que impliquen
talleres no sobrepasarán los 15 alumnos/as por aula.
No a las ratios mínimas para grupos de desdobles,
laboratorios... Aumento de la oferta de asignaturas
optativas y eliminación del requisito de 15
alumnas/os para impartirlas.
11.5 La Orientación y Tutoría son pilares básicos de
la Educación Secundaria y para su desarrollo es
necesario: aumentar los departamentos de Orientación
en todos lo centros; creación de una plaza de
Psicopedagogía por cada 350 alumnos o fracción, a
partir de 16 unidades de ESO o en centros de
especial dificultad, con un incremento proporcional
del profesorado de ámbito y del resto de
profesionales adscritos al departamento. Creación y
dotación de plazas de los ámbitos Científico
Tecnológico, Sociolingüístico y del área práctica.
Inclusión en el mismo de un profesor/a de PT y otro
de AL, un/a educador/a social, un profesor/a de
Compensatoria.
11.6 Propuesta de plantillas:
- Creación de la primera plaza de la especialidad a
partir de las ocho horas lectivas. Para aumentar la
plantilla se precisará un excedente horario mínimo
de 12 horas
- No al desplazamiento de profesorado por falta de
horario. Reubicación voluntaria del profesorado para
otras funciones.
- Supresión de la impartición de “asignaturas
afines”.
- Creación de los departamentos didácticos
correspondientes a cada una de las materias
contempladas en los correspondientes decretos de
especialidades
11.7. Nueva distribución horaria, que recoja todas
las tareas y funciones que demanda el sistema
educativo. En las plantillas orgánicas, además de
las horas curriculares, se calcularán también las
dedicadas a tutorías, equipos educativos, formación,
atención a las familias, coordinación de curso,
nivel y ciclo y todas aquellas con especial
incidencia en la acción directa en el aula. En
cualquier caso, no se sobrepasarán las 15 horas
lectivas semanales. No a las horas extraordinarias.
Equiparación horaria de la Tutoría a las Jefaturas
de Departamento. Generalización de tres horas para
las tutorías con la consideración de lectivas.
11.8. Creación de la nueva especialidad, en los
cuerpos docentes, de Educación Social, destinada en
el Departamento de Orientación.
11.9. Plan de acogida integrador para el alumnado
inmigrante que desconozca el idioma, o los idiomas,
en las comunidades con dos lenguas oficiales.
11.10. Formación del profesorado específica en
atención a la diversidad y en los recursos
educativos para la resolución de conflictos.
12. Por la mejora de la Formación
Profesional
12.1. Derogación de la Ley de Formación
Profesional (FP). Esta ley contempla la
privatización de la FP y permite la incorporación de
los centros privados y empresas al sistema educativo
con la posibilidad de expedir títulos de validez
académica y laboral.
12.2. El centro educativo debe ser el eje de toda la
FP. Desarrollo de una FP inicial, reglada y continua
de calidad que favorezca su dimensión
profesionalizadora.
12.3. Todos los recursos públicos han de ir
destinados a la FP de los centros públicos. No a los
conciertos. Potenciación de la FP reglada, al
servicio del desarrollo personal del alumnado. No a
una formación basura, dirigida a formar personas que
realicen el trabajo basura.
12.4. Control público de las actividades formativas
de FP. Control público exclusivo sobre los títulos y
certificados profesionales. Modificación de las
normas que regulan la composición de los Consejos de
la Formación Profesional para dar cabida a todos los
sindicatos.
12.5. Gestión democrática de los centros integrados
de FP: elección de los cargos directivos por el
consejo escolar del centro. Cursos de formación
ocupacional y de formación continua incluidos en la
programación anual del centro; el horario
correspondiente a estos cursos debe integrarse en la
plantilla del centro y se deben crear los puestos de
trabajo necesarios, sin horas extra para nadie.
12.6. Ampliación de las plantillas de profesorado de
FP que facilite la continua formación y adaptación a
los distintos ciclos.
12.7. Ratio máxima de 20 alumnos/as por aula.
Desdoblamiento de los módulos prácticos.
12.8. Ampliación de Ciclos Formativos de Grado Medio
en los centros públicos que cuenten con familias con
Ciclos de Grado Superior.
12.9. Dotación de horas lectivas suficientes para
las tutorías de formación en centros de trabajo,
pago de dietas y kilometraje.
12.10. Diseño y puesta en práctica de una formación
y orientación laboral orientada hacia una cultura
sindical solidaria y participativa en el mundo del
trabajo.
13. Por la mejora de la Escuela
Rural
13.1. Tratamiento legislativo específico para el
subsistema educativo rural, especialmente en los
requisitos mínimos de los centros, su estructura
organizativa y normativa de funcionamiento.
Reglamentos orgánicos de centros adaptados a esta
especificidad.
13.2. Obligatoriedad de que el mapa escolar rural
contemple, en cada territorio, todas las etapas y
ofertas educativas —obligatorias y
post-obligatorias— así como los diferentes servicios
—equipos Psicopedagógicos y de Orientación,
transporte y comedor, actividades
extraescolares...—.
13.3. Reconocimiento de la diversidad de modelos de
escolarización en el medio rural (escuelas
unitarias, centros incompletos, CRAs, colegios
comarcales, etc.), a condición de garantizar el
cumplimiento de requisitos mínimos en dotaciones e
infraestructuras y una plantilla orgánica estable y
suficiente.
13.4. Negociación de acuerdos marco que establezcan
plantillas-tipo, en las que se garantice, en
Infantil y Primaria, la figura del tutor generalista
por unidad y la dotación suficiente de
especialistas, de atención a la diversidad y
profesorado de apoyo. En Secundaria, creación y
funcionamiento de los diferentes departamentos,
incluido el de Orientación.
13.5. Ratios reducidas y agrupamientos flexibles que
favorezcan el mantenimiento de unidades en el medio
rural y compensen el agrupamiento de diversos
niveles educativos en una sola aula.
13.6. Formación especifica, inicial y permanente,
para el profesorado del medio rural. Creación y
dinamización de grupos específicos de trabajo,
innovación educativa e investigación.
13.7. Regulación y mejora de las condiciones
laborales del profesorado itinerante, con
compensaciones económicas y horarias derivadas de la
propia itinerancia. Además, cobertura de un seguro
en caso de accidente y dotación presupuestaria
suficiente para afrontar indemnizaciones y créditos
para adquisición de vehículo.
13.8. Extensión de la anterior regulación a otros
colectivos obligados a itinerar por razones de
servicio (profesorado que comparte centros en
distintas localidades, equipos psicopedagógicos,
asesores de formación, inspectores, etc.).
14. Por la mejora de la Educación
de Personas Adultas
14.1. Plantilla estable de profesorado de
Educación de Personas Adultas (EPA).
14.2. Garantía de una adecuada formación inicial y
continua del profesorado.
14.3. Aumento de la oferta actual de las enseñanzas
de EPA: Alfabetización; Formación básica para la
obtención del título de Graduado de ESO; Formación
básica abierta y previa para cursar Ciclos
Formativos; Cursos experimentales; Cursos de
Formación Ocupacional; Pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años; Formación
continua, de cambio de cualificación o reciclaje
profesional; Formación en Idiomas y Nuevas
Tecnologías; Formación para inmigrantes; Formación
para el desarrollo de la capacidad de participación
en la vida social, cultural, política y económica.
14.4. Aumento de centros y transformación del mayor
número posible de aulas en centros de Formación de
Personas Adultas (FPA).
14.5. Dotación de espacios adecuados y mejora de los
equipos, así como de los materiales
correspondientes.
14.6. Facilitación y reconocimiento, dentro del
horario laboral, de las tareas de diseño y
elaboración de materiales didácticos.
14.7. Regulación específica de la organización de
los centros de FPA —consejo escolar, claustro...—,
de acuerdo con sus especificidades, como el alumnado
adulto, los horarios…
14.8. Diseño de planes específicos dirigidos a
mujeres adultas.
14.9. Ampliación y diversificación de la oferta
pública de FP para personas adultas en modalidad
presencial.
14.10. Potenciación de los estudios de FP en régimen
nocturno.
15. Enseñanzas de Régimen
Especial.
15.1. Negociación y actualización de las Órdenes
de organización y funcionamiento de los
Conservatorios Profesionales de Música y Danza, de
las Escuelas de Artes y de las Escuelas Oficiales de
Idiomas.
15.2. Estabilidad en el empleo hasta el acceso
definitivo a la función pública para el profesorado.
15.3. Aumento de plantilla en todas las
especialidades.
15.4. Ampliación de la red de Conservatorios
Elementales y profesionales de Música y Danza.
Creación del Conservatorio Superior Regional de
Música.
15.5. Mayor oferta del número de idiomas en todas
las Escuelas.
15.6. Facilitar la impartición del primer ciclo del
That’s English en los IES de localidades con más de
12.000 habitantes.
15.7. Clarificación de las titulaciones en
Enseñanzas Artísticas (escénicas y música) y
reconocimiento de la licenciatura en Música y Danza
y de Arte Dramático.
15.8. Adecuación de los horarios del profesorado
para propiciar la participación en actividades
artísticas, así como para fomentar su participación
en proyectos de investigación pedagógica, artística
y creativa.
15.9. Creación de ciclos formativos de grado medio y
superior en las especialidades técnicas de arte
dramático (caracterización, luminotecnia,
escenografía, atrezzo,…).
15.10. Adecuación y mejora de la dotación de
edificios, infraestructuras y recursos para estas
enseñanzas.
16. Por la igualdad de las
mujeres
16.1. Aplicación inmediata en los centros
docentes de las medidas contempladas en la Ley
contra la Violencia de Género.
16.2 Corresponsabilidad entre hombres y mujeres en
las tareas de coordinación y gestión de la
organización de los centros docentes y de la
administración de una forma equilibrada.
16.3. Formación inicial y permanente del profesorado
sobre Igualdad de Género y Coeducación, en todos los
estudios universitarios. En Magisterio y
Psicopedagogía se impartirá como asignatura troncal.
16.4. Inclusión en el currículo escolar y en los
planes de Acción Tutorial de la Educación para la
Igualdad, la Educación Afectivo-Sexual y prevención
y resolución pacífica de los conflictos.
16.5. Integración en el currículo de la contribución
de las mujeres a la ciencia, la cultura y el
desarrollo social. Inclusión de protocolos de buenos
tratos en los proyectos educativos de centro.
16.6. Creación, en todas las consejerías de
Educación, de asesorías de Coeducación, de
observatorios para el análisis y evaluación de la
discriminación y el sexismo en los centros docentes,
así como de un mapa de recursos coeducativos.
16.7. Establecimiento de las medidas legales
necesarias para que no exista discriminación en
jubilación y pensiones por reducciones horarias y
excedencias relacionadas con los cuidados de menores
y personas mayores.
16.8. Ampliación de la baja maternal a un período de
24 semanas, con el 100% de sueldo, de acuerdo con
las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud. Permiso de paternidad de cuatro semanas,
acumulable al de maternidad en caso de familias
monoparentales.
16.9. Posibilidad de acumulación del permiso de
lactancia al de maternidad, previa solicitud.
16.10. Consideración preferente al cuidado de las
personas sin autonomía personal, con prioridad para
la elección de horarios al profesorado con personas
dependientes a su cargo.
17. Por la cultura preventiva y
la Seguridad y Salud en el trabajo
17.1 Cumplimiento estricto de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (31/95) para una
protección eficaz en Seguridad y Salud Laboral. La
prevención ha de integrarse en la gestión, las
actividades y los niveles, así como en la toma de
decisiones en las empresas y en la Administración.
17.2 Desarrollo integral de Planes de Prevención,
con participación de los trabajadores y las
trabajadoras y de sus representantes en las
diferentes fases y desarrollos: implantación,
aplicación, evaluación de riesgos, planificación,
organización preventiva y acceso a la documentación.
17.3 Constitución y funcionamiento normalizado de
los comités de Seguridad y Salud Laboral, órganos
democráticos de participación y gestión a través de
los delegados y delegadas de Prevención, así como de
Mesas o Comisiones de Seguridad y Salud Laboral.
Incorporación a los centros de la figura del
coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales,
que ha de poder reservar una parte de su horario
laboral para el cumplimiento de estas tareas.
17.4 Creación por las administraciones autonómicas
de Servicios de Prevención propios y cancelación de
los contratos privados vigentes en la actualidad.
17.5 Evaluación, con carácter anual, de Riesgos y
Planes de Prevención en los centros educativos,
sobre todo en riesgos muy graves e inminentes.
Inclusión de asesoramiento técnico en todos los
Planes de Autoprotección y de Emergencia.
17.6 Medidas para la adaptación de los puestos de
trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza que han sufrido daños en su salud por
grave riesgo profesional —exposición a agentes
biológicos, nódulos de las cuerdas vocales, síndrome
del quemado, enfermedades músculo-esqueléticas,
estrés, mobbing, etc.— o que lo necesiten por sus
características personales, discapacidad física,
psíquica o sensorial. Planes para las situaciones de
riesgo en colectivos específicos: profesorado
interino, mujeres, itinerantes…
17.7 Oferta, por parte de las administraciones, de
módulos de formación sobre Salud Laboral, que
incluyan la perspectiva de género en este ámbito.
17.8 Reconocimiento de las enfermedades
profesionales. Cambios legislativos —la Ley de la
Seguridad Social y la lista de enfermedades es de
1978— y reconocimiento del concepto de “daño para la
salud”. Puesta en marcha inmediata de los protocolos
de solicitud y gestión. Exámenes de salud y estudios
epidemiológicos que relacionen enfermedades
profesionales y condiciones de trabajo.
17.9 Consideración específica de las evaluaciones de
riesgos, protocolos y procedimientos de actuación
sobre las condiciones psicosociales del trabajo en
la enseñanza. Intervención sobre los factores que
las generan —altas demandas, bajo control, falta de
apoyo social…— y en las consecuencias que provocan
—estrés, acoso, síndrome del quemado, violencia
laboral... Eliminación del criterio técnico 34/2003
sobre mobbing.
17.10 Estudio y evaluación por parte de las
administraciones y de las empresas de los riesgos
emergentes y de constatación a largo plazo: campos
electromagnéticos, ruído, ambiente contaminante,
productos químicos, desechos residuales…
18. Por la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral
18.1. Ampliación de las medidas de conciliación
entre vida personal y laboral.
18.2 Ampliación de la baja maternal a un período de
24 semanas, con el 100% de sueldo tal como
recomienda la Organización Mundial de la Salud.
18.3 Permiso de paternidad de cuatro semanas,
acumulable al de maternidad en caso de familias
monoparentales.
18.4 Permiso de una semana por duelo de un familiar
de primer o segundo grado.
18.5 Eliminación de cualquier tipo de discriminación
por maternidad y reducción horaria por cuidado de
hijas/os, entre el personal interino de la
Administración y el funcionariado.
18.6 Aplicación inmediata de los derechos
reconocidos en la Ley integral contra la Violencia
de Género.
18.7 Aplicación en los centros de trabajo del
desarrollo de la Ley integral contra la Violencia de
Género.
18.8 Creación, en todos los centros educativos, de
la figura de responsable de Igualdad, con reducción
horaria.
18.9 Incentivación de medidas de acción positiva
para potenciar una mayor corresponsabilidad de los
hombres en el ámbito de la vida familiar.
18.10 Evaluaciones periódicas de impacto de género,
para verificar la incidencia de las medidas sobre la
conciliación en hombres y mujeres.
18. Por el Sindicalismo
asambleario y alternativo
19.1. La participación del profesorado es
imprescindible para el fortalecimiento de la Escuela
Pública y la mejora de las condiciones de trabajo.
Por eso, los STES propugnan y practican el
sindicalismo asambleario. Las asambleas son la
expresión de nuestro modelo sindical, alternativo al
de otras organizaciones burocratizadas.
19.2 Los STES reivindicamos el ejercicio efectivo
del derecho a la negociación colectiva por parte de
quienes representan al profesorado en todos los
temas que afectan a sus condiciones de trabajo y a
sus retribuciones.
19.3 Los STES, identificados con el modelo sindical
asambleario y participativo, facilitan toda la
información de que disponen. Así, el profesorado
conoce los temas en curso de negociación y puede
formarse un juicio propio acerca de ellos.
19.4 Con anterioridad a la aceptación o el rechazo
de las propuestas de las administraciones, los STEs
tienen el compromiso de convocar cuantas asambleas y
consultas sean necesarias para que los trabajadores
y las trabajadoras de la enseñanza decidan sobre
todas las cuestiones que les afecten, en los
distintos ámbitos de negociación.
19.5 Proponemos modificar la Ley de Órganos de
Representación, para que el voto del profesorado
tenga idéntica representatividad que la establecida
en otros sectores de las administraciones públicas.
19.6 Exigimos la elección de delegados y delegadas
en cada centro educativo.
19.7 Pedimos la modificación de la Ley de Órganos de
Representación, para establecer unas competencias
reales de las Mesas Sectoriales y las Juntas de
Personal.
19.8 Propugnamos un reparto equitativo y justo del
patrimonio sindical acumulado entre todos los
sindicatos, ya que este patrimonio procede de cuotas
obligatorias de todos los trabajadores y las
trabajadoras.
19.9 No a los Decretos de servicios mínimos.
Propugnamos la autorregulación del ejercicio del
derecho a la huelga.
19.10 Defendemos la paridad en las listas
electorales y en la representación efectiva del
profesorado.
20. STES-intersindical, la
alternativa sindical sociopolítica
20.1 Luchamos contra la globalización, uno de los
mayores y más devastadores procesos de desregulación
laboral, social y ambiental que se han conocido, que
impone recortes severos en los gastos sociales,
reduce los derechos laborales, expolia a los países
pobres, privatiza y mercantiliza, en beneficio de
los grandes grupos económicos.
20.2 Nos oponemos a las reformas laborales que
suponen retrocesos de los derechos sociales y
mayores beneficios para las empresas; que abaratan
el despido, incrementan la precariedad y privatizan
las pensiones.
20.3 Rechazamos todas las guerras y el militarismo,
porque no benefician a los pueblos y fomentan
valores y prácticas totalitarias. También rechazamos
el recorte de libertades civiles y la restricción de
los mecanismos de participación democrática que
supone la imposición de una ideología falsamente
basada en la seguridad.
20.4 Consideramos que la paz es un valor esencial
para la convivencia social y para la resolución de
conflictos en todos los niveles. La violencia no se
ejerce sólo en las guerras, sino que también existe
en el seno de unas estructuras sociales injustas.
Por ello, STES-intersindcial está comprometido con
la difusión de la Educación para la Paz y con las
alternativas de defensa popular no-violenta y a
favor un mundo más justo.
20.5 Valoramos el medio ambiente como la casa de
todo ser vivo. Nos comprometemos con la conservación
de la naturaleza y somos crítico con el actual
sistema político-económico, máximo responsable de su
degradación y del expolio de los limitados recursos
del Planeta.
20.6 Consideramos que el laicismo es la base de la
convivencia ciudadana y democrática, en tanto que
promueve la libertad de cada individuo para creer en
cualquier religión o ideología y no genera barreras
a la libertad de conciencia, el debate y la crítica
libre.
20.7 Exigimos que el Estado y el conjunto de las
administraciones destinen el 0’7% del PIB para la
ayuda al desarrollo. Nos oponemos al derroche en
gastos de protocolo y fastuosidad en cumbres, foros,
reuniones, armamento, etc., un dinero que debe
destinarse a la consecución de un mundo más
solidario.
20.8 Defendemos la abolición de la deuda externa de
los países en desarrollo. Existe una situación de
abuso e insolidaridad de los países del Norte hacia
los del Sur —articulada desde unas estructuras
financieras y unas normas injustas— que hacen que
países con grandes dificultades económicas se vean
inmersos en una terrible espiral de endeudamiento
económico, sin poder cubrir sus necesidades básicas
de alimentación, sanidad y educación.
20.9 Nos oponemos a que los niños y las niñas
abandonen la escuela y sean obligados a trabajar o a
ir a la guerra. En las últimas décadas la infancia
se ha convertido en una de las mayores víctimas de
las injusticias de la globalización, por hambre,
enfermedades, explotación sexual, mano de obra
barata y objetivo de los ataques bélicos.
20.10 Defendemos la igualdad de toda la ciudadanía
ante el Estado. La capacidad de autogobierno debe
ser igual para todas las comunidades autónomas.
Apoyamos las reformas de los Estatutos de Autonomía
para superar las discriminaciones existentes en
autogobierno de las comunidades autónomas.
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ELECCIONES 2006